La Corte Suprema ordenó reparar rutas 7, 8 y 33 en Santa Fe de urgencia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un golpe sobre la mesa: ordenó al Estado nacional —o en su defecto al concesionario vial correspondiente— que ejecute en forma inmediata y urgente las obras de reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que cruzan el departamento General López, en el sudoeste de la provincia de Santa Fe.

La resolución del máximo tribunal del país no es un pedido ni una recomendación: es una orden judicial con carácter de urgencia. Que la Corte Suprema tenga que intervenir para que el Estado repare caminos que son de su responsabilidad directa dice mucho del estado de abandono en que el gobierno nacional tiene a la infraestructura vial del interior del país. Para los que seguimos la política santafesina hace años, esto no sorprende, pero no deja de ser una señal gravísima.

El departamento General López es uno de los más productivos de Santa Fe: tiene a Venado Tuerto como cabecera, concentra una actividad agropecuaria e industrial de primer nivel y es un nudo logístico clave para la salida de la producción del sur provincial hacia los puertos del Gran Rosario y hacia el corredor bioceánico. Las rutas 7, 8 y 33 no son caminos secundarios: son arterias por las que circulan miles de camiones con granos, maquinaria agrícola y mercaderías todos los días del año.

La ruta nacional 33, que une Rosario con Bahía Blanca pasando por Venado Tuerto, viene siendo reclamada por productores, transportistas y municipios del sur santafesino desde hace años. La ruta 8, que conecta Buenos Aires con Río Cuarto atravesando el corazón de la región pampeana, y la ruta 7, corredor hacia Mendoza y la cordillera, completan un triángulo vial estratégico cuyo deterioro tiene costos económicos concretos: mayor consumo de combustible, daños en los vehículos, accidentes y pérdida de competitividad para las economías regionales.

La intervención de la Corte Suprema implica que hubo un proceso judicial previo —probablemente impulsado por municipios, productores o la propia provincia— que escaló hasta el máximo tribunal ante la inacción del Estado. Que haya llegado a ese nivel es la prueba más contundente del fracaso de la gestión vial nacional en esta zona. La administración Milei, que frenó la obra pública en todo el país como parte de su ajuste fiscal, hereda un problema que viene de gestiones anteriores pero que se agravó notoriamente con el congelamiento de inversiones en infraestructura.

Desde la provincia, la gestión de Maximiliano Pullaro viene reclamando sistemáticamente al gobierno nacional la reactivación de obras viales paralizadas en Santa Fe. La deuda de la Nación con la provincia en materia de infraestructura es un tema recurrente en la agenda del Palacio de los Leones. Este fallo de la Corte le da un respaldo judicial extraordinario a esos reclamos y pone al gobierno nacional en una posición incómoda: o cumple la orden del máximo tribunal o queda en desacato.

Lo que viene ahora es la etapa más difícil: la implementación. La Corte ordenó, pero el seguimiento del cumplimiento, los plazos concretos y las penalidades por incumplimiento serán el verdadero test. La historia de la política vial argentina está llena de fallos judiciales que tardaron años en ejecutarse. Los vecinos y productores del sur santafesino tienen razones para el escepticismo, pero también, por primera vez en mucho tiempo, tienen una herramienta legal de peso para exigir lo que les corresponde.