La Corte Suprema confirmó la condena a Urribarri: vuelve a prisión por corrupción

Lo que durante años pareció que podía diluirse en los laberintos judiciales argentinos terminó cerrándose con una resolución que no deja margen: Sergio Urribarri va preso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra el exgobernador de Entre Ríos, en una causa que expuso uno de los esquemas de corrupción provincial más documentados de la última década kirchnerista.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas. No revisaron el fondo del asunto: directamente cerraron la puerta. Con esa resolución, las condenas quedaron firmes para todos los imputados que habían recurrido la sentencia.

De inmediato, la fiscalía solicitó la detención inmediata del exmandatario provincial. También pidió el arresto de su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, ambos condenados a seis años y seis meses de prisión efectiva como partícipes primarios del entramado.

¿De qué se trata exactamente este esquema? La investigación judicial determinó que durante las gestiones de Urribarri al frente de la provincia —entre 2007 y 2015, en paralelo a las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner— se direccionaron contratos de publicidad estatal hacia empresas vinculadas con Aguilera. Algunas de esas firmas figuraban formalmente a nombre de terceros, pero respondían al cuñado del gobernador. Entre los casos analizados aparecen la empresa Global Means —contratada antes de tener existencia legal—, las firmas Tep SRL y Next SRL, y gastos vinculados a la Cumbre del Mercosur de 2014 en Paraná y a un parador en Mar del Plata en 2015.

El daño económico al Estado provincial quedó cuantificado con precisión quirúrgica: 143 operaciones realizadas entre enero de 2010 y septiembre de 2015 generaron un perjuicio de $12.170.338,96. Una cifra que, en valores de entonces, representaba un saqueo sistemático y metódico de los recursos entrerrianos.

Otros cinco condenados recibieron penas menores. Corina Cargnel, Gustavo Tamay y Gerardo Caruso fueron sentenciados a tres años en suspenso, mientras que Luciana Belén Almada y Emiliano Giacopuzzi recibieron dos años y seis meses también en suspenso. El exministro de Turismo Hugo Marsó fue absuelto.

Este no es el primer capítulo carcelario de Urribarri en esta causa. En noviembre de 2024, la Cámara de Casación de Entre Ríos había ordenado su prisión preventiva por riesgo de fuga. Estuvo detenido 50 días, hasta que en enero de 2025 el Superior Tribunal provincial revocó esa medida y lo liberó. Ahora, con la Corte Suprema cerrando el último recurso disponible, no hay más instancias. El camino judicial se agotó.

La primera condena había sido dictada el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. En 2023, el Tribunal de Casación confirmó las penas. El Superior Tribunal provincial rechazó los planteos de las defensas. Y ahora la Corte puso el punto final.

Urribarri fue gobernador de Entre Ríos durante dos mandatos y luego fue designado embajador argentino en Israel durante la gestión de Alberto Fernández, cargo del que tuvo que alejarse cuando la causa judicial avanzó con fuerza. Su trayectoria política, construida durante años dentro del peronismo entrerriano, termina hoy con una condena firme y una orden de detención. Así funciona, cuando funciona, la Justicia.