La Corte vuelve a fallar sobre la ley de tierras: el giro que puede cambiar todo

La Corte Suprema se reúne hoy a las 9 en un acuerdo extraordinario para volver a fallar sobre la ley de tierras. La convocatoria la hizo anoche Horacio Rosatti, presidente del tribunal, según fuentes del máximo cuerpo.

El expediente incluye un pedido de medida cautelar. Si la Corte la concede, volverían a regir restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. En la práctica, podría revertir los efectos de su propio fallo del martes de la semana pasada.

Ese día, el tribunal invocó un motivo procesal para revocar una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, que derogó por completo la ley de tierras.

La decisión generó críticas y una amenaza de la oposición: hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023, no solo el artículo 154. La oposición pretende tratar el tema en una sesión especial el jueves de la semana próxima.

Una nueva decisión del máximo tribunal podría ayudar al Gobierno a desactivar esa iniciativa, que nació como reacción a la sentencia anterior de la Corte. El caso que se tratará hoy es una aclaratoria solicitada el jueves pasado.

La pidieron la asociación ambientalista Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Ellos quieren que el tribunal precise si la sentencia alcanza también al amparo colectivo presentado por ellos.

A diferencia de la semana pasada, los tres jueces de la Corte ahora no están de acuerdo en cómo seguir. Como sin tres votos no hay fallo posible, el martes convocaron a dos conjueces. Todo indica que Carlos Rosenkrantz no está dispuesto a tomar una decisión que vuelva a cambiar el panorama.

En la vereda de enfrente están Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, según fuentes que conocen los movimientos internos del tribunal. Los conjueces que se sumarán son Diego Barroetaveña, de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza.

Fueron sorteados el martes y las reglas del proceso daban 72 horas para recusarlos. Sin embargo, a las 19.09 del miércoles, la Corte acortó a 24 horas ese plazo “en atención a las particulares circunstancias de la causa”.

El apuro fue tal que además habilitó días y horas inhábiles. Ayer, ya sin chances de que los conjueces fueran recusados, Rosatti convocó al acuerdo. La pregunta ahora es qué trámite le da la Corte al expediente.

Una opción es devolverlo a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, donde se inició. Otra sería que la propia Corte tratara ella la medida cautelar, sin enviar el caso a primera instancia. Sería una decisión muy excepcional, advirtieron constitucionalistas con mucha experiencia en la Corte.

Posiblemente, una medida interina, en los términos de la ley que regula las cautelares contra el Estado. El planteo lo hicieron Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon y Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández.

Ellos habían presentado una acción colectiva para que se declarara inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023. Este planteo fue tratado por la Cámara Federal de La Plata como un caso conexo.

Con información de La Nación, publicada el 9 de octubre de 2026.