La defensa de Facundo Moyano pide revisar la perimetral: "No hay conflicto"

Dos personas que quieren estar juntas, una perimetral que las separa y una investigación que empieza a mostrar fisuras. Ese es, en síntesis, el cuadro que plantea la defensa de Facundo Moyano ante la Fiscalía que lo investiga por presunta violencia de género contra su pareja, Candela Arizaga, una joven de 23 años oriunda de Rosario.

Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina presentaron un escrito formal solicitando que se reevalúen las medidas cautelares vigentes, que actualmente le impiden al dirigente sindical acercarse a su pareja. El planteo no es menor: piden que se analice la subsistencia, alcance o eventual modificación de las restricciones, y que cualquier endurecimiento de las mismas solo pueda disponerse después de que Moyano tenga la posibilidad de declarar en la causa.

El argumento central de la defensa es que el escenario de la investigación cambió. Según el escrito, la hipótesis inicial vinculada con los delitos de lesiones y privación ilegal de la libertad atribuidos a Moyano habría perdido fuerza a partir de nuevos testimonios incorporados al expediente. En particular, señalan que varias personas que declararon negaron que existiera una relación violenta entre Moyano y Arizaga.

El dato más llamativo es el testimonio de la propia Candela Arizaga: según la defensa, la joven negó ante la fiscal haber sufrido los hechos que se le atribuyen a Moyano, no formuló denuncia y no manifestó intención de impulsar una acción penal. A eso se suma que, en las últimas horas, Arizaga expresó públicamente su deseo de revincularse con el dirigente, un elemento que los abogados incorporaron como argumento clave para pedir la revisión de las restricciones.

"Dos personas que por medios independientes solicitan y casi claman por lo mismo: poder revincularse, lo que demuestra que no habría temor alguno entre ellos para contactarse. No hay conflicto", dice textualmente el documento presentado por la defensa.

También está en juego una investigación paralela por una presunta violación de la restricción de acercamiento. Sin reconocer que ese incumplimiento haya ocurrido, los abogados sostienen que no existe un cuadro de infracciones reiteradas que justifique un agravamiento de las medidas. Y van más lejos: advierten que las cautelares tienen un carácter preventivo y que "no pueden transformarse en una sanción anticipada", una frase que apunta directamente a la lógica con la que, según la defensa, se estarían aplicando las restricciones.

¿Tiene razón la defensa? Esa es la pregunta que ahora debe responder la Fiscalía. Porque si bien es cierto que la voluntad de la víctima es un elemento relevante en causas de violencia de género, también lo es que el sistema penal no puede depender exclusivamente de lo que declare quien puede estar bajo presión o en una situación de vulnerabilidad. Los especialistas en la materia son claros: en estos casos, el Estado tiene un rol activo que no se agota en la voluntad de la denunciante.

Finalmente, los representantes legales de Moyano pidieron que, si la Fiscalía considera necesario modificar las medidas en perjuicio del dirigente, la defensa sea notificada previamente y tenga la posibilidad de cuestionar los fundamentos. Y en caso de que deba intervenir la Justicia, solicitaron que se realice una audiencia antes de disponer cualquier medida de mayor intensidad. El expediente sigue abierto. La pelota está en la cancha de la Fiscalía.