Defensoría del Pueblo de Santa Fe reclama al Banco por vencimiento de tarjetas

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe dio un paso formal esta semana al presentar un reclamo ante el Banco de Santa Fe por una situación que afecta directamente el bolsillo de miles de empleados públicos provinciales: los resúmenes de las tarjetas de crédito Visa vencen antes de que esos mismos trabajadores cobren sus haberes.

El problema es tan concreto como irritante. El Banco de Santa Fe es la entidad a través de la cual los agentes del Estado provincial perciben sus sueldos, y sin embargo las fechas de vencimiento de los resúmenes están fijadas con anterioridad al día de cobro. El resultado es previsible: quienes no pueden pagar a tiempo generan intereses y recargos que no deberían existir si la fecha de vencimiento estuviera mínimamente coordinada con la liquidación de haberes.

Ante la acumulación de consultas y reclamos ciudadanos, la Defensoría formalizó el pedido solicitando al banco que adopte las medidas necesarias para correr el vencimiento a un momento posterior al cobro de los agentes provinciales. El fundamento legal invocado es el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza la protección de los derechos de usuarios y consumidores en las relaciones de consumo.

La nota no fue enviada solo al banco. La Defensoría también remitió copia a la Gerencia de Protección al Usuario de los Servicios Financieros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que eleva la presión institucional sobre la entidad bancaria provincial y abre la posibilidad de una intervención del regulador nacional.

Hasta el cierre de esta nota, el Banco de Santa Fe no emitió respuesta oficial al planteo. Sí circularon versiones extraoficiales sobre un posible ajuste en las fechas, pero la Defensoría fue clara: sin confirmación formal, el reclamo sigue en pie. En un contexto donde cada peso cuenta y los trabajadores del Estado ya cargan con una presión inflacionaria que erosiona sus ingresos mes a mes, que el propio banco del Estado los empuje a pagar intereses evitables es, cuanto menos, una paradoja difícil de justificar.

El caso pone en evidencia algo que se repite con demasiada frecuencia en la administración pública: la descoordinación burocrática que termina pagando el ciudadano de a pie. No hace falta una gran reforma para solucionar esto. Alcanza con mover una fecha en un sistema. Que haga falta la intervención de la Defensoría del Pueblo y del BCRA para lograrlo dice mucho sobre cómo funciona —o no funciona— la gestión del banco provincial.