Pablo Grillo: la familia y el CELS denuncian encubrimiento en la causa por la represión frente al Congreso

"El que nada teme nada oculta". Con esa frase, la familia de Pablo Grillo lanzó un desafío directo a las autoridades este viernes, mientras la causa por la represión frente al Congreso Nacional acumula más de un año de investigación y, según denuncian, más sombras que certezas.

El 12 de marzo de 2025, Grillo, fotorreportero de 40 años, cubría una manifestación de jubilados cuando recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme. El proyectil le pegó en la parte frontal de la cabeza. El resultado: fractura de cráneo, hematomas subdurales y pérdida de masa encefálica. Las pericias médicas fueron contundentes: las lesiones pusieron "real y concretamente" en peligro su vida.

Grillo pasó casi tres meses en terapia intensiva. Hoy continúa en rehabilitación con pronóstico reservado y enfrenta posibles secuelas neurológicas permanentes. Su familia dice que está mejorando, que se aferran a la esperanza. Pero también están furiosos, y tienen razones.

Este viernes, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), publicaron documentos que detallan el estado actual de la causa que lleva la jueza María Servini de Cubría. El panorama que describen es preocupante: la Gendarmería Nacional habría omitido la hora exacta del ataque en sus reportes oficiales. Para la familia, ese "error" no es casualidad. "¿A quién están protegiendo? ¿Qué es lo que dicen esas cintas que no se puede escuchar?", preguntaron en su comunicado.

La investigación judicial sí tuvo un avance concreto: identificó al responsable material del disparo. Se trata del cabo primero Héctor Jesús Guerrero, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina. Las pericias balísticas y audiovisuales determinaron que Guerrero efectuó al menos seis disparos en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes, una práctica terminantemente prohibida por los protocolos nacionales e internacionales. También quedó descartada la versión oficial del rebote: el proyectil que impactó a Grillo viajó a 280 km/h en trayectoria recta.

El CELS reconstruyó el contexto en su documento. Ese día no fue un hecho aislado: fue la quinta movilización de jubilados en 2025, todas marcadas por operativos violentos de las fuerzas de seguridad. Ese miércoles de marzo, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía de la Ciudad desplegaron un operativo masivo que dejó más de cien detenidos y un centenar de heridos. La represión comenzó una hora antes del inicio de la protesta, sin que se registraran actos de violencia por parte de los manifestantes.

Todo esto se amparó bajo el llamado "Protocolo anti-piquetes" (resolución 943/23), cuestionado por organizaciones de derechos humanos por su presunta inconstitucionalidad y por habilitar la dispersión de manifestaciones y la criminalización de la protesta social.

La familia Grillo se presentó como querellante con el patrocinio de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS. Piden transparencia total: que se entreguen las comunicaciones internas, que no se omitan datos en los informes oficiales, que la justicia pueda hacer su trabajo sin obstáculos. No parece un pedido descabellado. Parece lo mínimo.

Más de un año después, con un hombre que todavía se recupera de una herida que pudo matarlo, con un gendarme identificado y con pruebas técnicas que contradicen la versión oficial, la pregunta que flota es incómoda: ¿por qué la investigación administrativa no avanzó al mismo ritmo que la judicial? Esa respuesta, por ahora, también parece estar oculta detrás de un informe con la hora en blanco.