Vera Barros decomisó sin condena bienes de Pillín Bracamonte en Rosario

La Justicia Federal dio un paso fuerte contra el patrimonio de Andrés Alejandro “Pillín” Bracamonte, el jefe de la barra brava de Rosario Central asesinado en 2024. El fallo no se limita a un trámite: ordena el decomiso sin condena de bienes que la Justicia consideró producto de maniobras ilícitas.

El juez federal Carlos Vera Barros dictó la medida sobre una vivienda, una camioneta y participaciones en seis sociedades. La decisión se apoya en la figura de decomiso sin condena, que se aplica cuando el investigado falleció.

El pedido partió de un equipo de fiscales: Matías Scilabra, Federico Reynares Solari, Juan Argibay Molina y Diego Velasco. La Unidad de Información Financiera dio su aval. En el fondo, la investigación buscó desarmar una estructura patrimonial que, según el fallo, no se explicaba con ingresos lícitos.

El punto central del fallo es la desproporción. Vera Barros remarcó que los ingresos formales declarados por Bracamonte no alcanzaban para explicar el volumen real de sus activos. Esa brecha fue el hilo conductor para sostener que el patrimonio tenía origen ilícito.

El juez dio por acreditado que el dinero provenía de extorsiones y coacciones sistemáticas contra empresas contratistas de la construcción en el cordón industrial. A eso se sumaron delitos asociados a su liderazgo en la barra brava de Rosario Central.

La estructura no era simple. El dictamen dejó en evidencia el uso de testaferros y personas interpuestas para figurar como titulares de bienes y sociedades. En los hechos, esos activos estaban vinculados a Bracamonte, aunque no aparecieran a su nombre.

El decomiso alcanza a una vivienda en Álvarez Thomas al 1800, en la zona norte de Rosario, y a una camioneta Ford Ranger. Son bienes concretos que la Justicia ordenó incautar de manera definitiva, sin esperar una condena que no iba a llegar por la muerte del investigado.

La otra parte del patrimonio pasa por seis sociedades. El fallo ordenó el decomiso de las participaciones que Bracamonte poseía en ATE Servicios Integrales SRL, Ser-Eco SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL. Ahí se ve el tamaño de la red societaria que la investigación consideró vinculada al barrabrava.

El trámite judicial incluyó una figura sensible: una defensora de menores intervino en representación de los herederos menores de Bracamonte. Según las fuentes, no presentaron pedidos ni oposiciones frente a la medida. Eso deja a la familia en un rol pasivo dentro de un proceso que ya había avanzado sobre sus bienes.

La muerte de Bracamonte es el dato que cambia la forma del proceso. Fue acribillado a tiros el 9 de noviembre de 2024, a metros del estadio Gigante de Arroyito. Por eso la Justicia no siguió por una condena penal, sino por el decomiso sin condena, una herramienta para atacar el patrimonio cuando el investigado ya no está.

¿Qué significa en la práctica? Que el Estado se queda con activos que la investigación vinculó a extorsiones y coacciones. No es una condena, pero sí un golpe a la lógica de quien usaba la barra brava como base para mover dinero y presión.

El caso también muestra cómo se construye una red patrimonial: sociedades, bienes a nombre de terceros y una distancia entre lo declarado y lo acumulado. La UIF avaló la medida y los fiscales la pidieron por lavado de activos. El fallo convirtió esa distancia en una medida concreta.

Con información de: El Ciudadano, Rosario3.