Liberaron al portero del jardín de Empalme Graneros: las pruebas no avalaron las denuncias

Las cámaras Gesell hablaron. Y lo que dijeron —o más precisamente, lo que no dijeron— cambió el rumbo de uno de los casos que más conmoción generó en Rosario en las últimas semanas. Este jueves, el juez Rafael Coria ordenó la libertad de R.L., el portero del jardín de infantes N°261 del barrio Empalme Graneros, imputado por presuntos delitos contra la integridad sexual de menores que asistían al establecimiento donde trabajaba.

El hombre, de 55 años, llevaba detenido desde el 10 de junio, cuando fue arrestado en el propio jardín ubicado en las calles La República y Cabal. Ese día, la tensión se desbordó: varios padres protagonizaron incidentes en la puerta del establecimiento que requirieron la intervención de fuerzas de seguridad. Siete días después, quedó formalmente imputado por presuntos hechos contra la integridad sexual de tres niños de 4 y 5 años.

Pero la investigación fue avanzando, y los elementos que surgieron no apuntaron en la dirección que las denuncias iniciales sugerían.

Según informaron fuentes judiciales, las entrevistas en Cámara Gesell realizadas a los tres pequeños señalados como presuntas víctimas no aportaron elementos que respaldaran las acusaciones. Tampoco aparecieron indicadores médicos ni conductuales en los menores que pudieran atribuirse a situaciones de abuso. A eso se sumó un dato clave que surgió de las declaraciones de los compañeros de trabajo del imputado: por la dinámica operativa del jardín, los horarios y las tareas asignadas, el portero nunca permanecía a solas con los alumnos. Más aún, una de las presuntas víctimas asistía al turno tarde, mientras que R.L. cumplía funciones en un horario diferente.

Con ese cuadro, la defensa pidió la revisión de la prisión preventiva. La Fiscalía, a cargo de la fiscal Julia Feldman, se opuso y solicitó que el acusado continuara detenido. El juez Coria, sin embargo, consideró que las nuevas pruebas incorporadas no avalaban mantener la medida cautelar y ordenó la libertad. No cerró el expediente.

¿Significa esto que el caso se terminó? No. R.L. quedó libre pero bajo condiciones estrictas: deberá fijar domicilio, presentarse cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial, tiene prohibido salir de la provincia y no podrá mantener ningún tipo de contacto con las familias denunciantes ni acercarse al jardín o a los domicilios de las víctimas.

El caso había escalado con una velocidad inusual. Las denuncias se multiplicaron —se habló de más de 11 familias que sumaron relatos— y el clima de sospecha y angustia en el barrio fue tan intenso que el Ministerio de Educación de Santa Fe dispuso la intervención del jardín y el reemplazo de todo el personal: directivos, docentes y asistentes escolares. Una medida drástica que buscó contener la crisis institucional pero que ahora, a la luz de lo que arrojó la investigación, genera sus propios interrogantes.

Porque acá hay dos realidades que conviven y que no se anulan entre sí: la Justicia encontró, hasta ahora, que las pruebas no sostienen las acusaciones contra este hombre. Y al mismo tiempo, decenas de familias vivieron semanas de terror, de incertidumbre, de conversaciones difíciles con sus hijos. Ese daño ya está hecho, independientemente de lo que resuelva el expediente.

La investigación continúa. El portero está en la calle, pero bajo la lupa. Y el jardín de Empalme Graneros sigue intervenido, con personal nuevo, tratando de reconstruir una confianza que, una vez rota, cuesta mucho recuperar.