Causa Adorni: la Justicia avanza con nuevas medidas por falsificar declaraciones juradas

La causa judicial contra Francisco Adorni, hermano del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y diputado bonaerense por La Libertad Avanza, suma nuevas complicaciones. El juez federal Daniel Rafecas, uno de los magistrados más experimentados del fuero federal porteño, ordenó una batería de medidas de prueba orientadas a determinar si el incremento patrimonial del legislador tiene origen legítimo, como paso previo a resolver si convoca a declaración indagatoria al imputado.

La investigación, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán, apunta a dos figuras penales: enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de documento público, es decir, la falsificación deliberada de declaraciones juradas. No se trata de un descuido administrativo: Marijuán subrayó que Adorni, en su condición de perito contador y ex funcionario del Consejo de la Magistratura bonaerense, conocía perfectamente cómo se confeccionan esos documentos. La ignorancia, en este caso, no es un argumento disponible.

Entre las diligencias ordenadas por Rafecas se destaca un pedido de informes al Banco Provincia para auditar la totalidad de los pagos realizados entre 2024 y 2026 correspondientes a la cancelación de un crédito hipotecario de $60 millones de pesos. Paralelamente, el juzgado requirió a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la última declaración jurada presentada por Adorni en su carácter de legislador, y giró oficios al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense para verificar titularidad, valuación y condiciones de ingreso al patrimonio de dos propiedades específicas.

Uno de los puntos más sensibles de la investigación gira en torno a $21 millones de pesos que el diputado incorporó en una rectificación de su declaración jurada, alegando que provenían de una herencia. El timing no pasa desapercibido: la corrección se realizó justo después de que se abriera la causa judicial. La Justicia busca cruzar esa información con los datos patrimoniales declarados por su hermano Manuel Adorni, y las cifras no cierran: los montos rectificados por Francisco respecto de la herencia de su padre fallecido no coinciden con lo expuesto por el ex vocero presidencial.

El fiscal también señaló que Adorni ocultó cuentas bancarias y bienes de forma deliberada, lo que agrava el cuadro acusatorio y refuerza la hipótesis de una maniobra sistemática y no de errores aislados en la confección de los formularios.

Como si fuera poco, la situación judicial del legislador libertario se complejiza aún más: la Cámara Federal unificó en los tribunales de Comodoro Py una segunda causa en su contra, vinculada a presuntas irregularidades en un préstamo de $40.000 millones relacionado con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La acumulación de causas en el mismo fuero federal anticorrupción no es un dato menor.

El caso Adorni pone en evidencia una tensión que el oficialismo preferiría evitar: la narrativa de la transparencia y la lucha contra la casta, bandera central de La Libertad Avanza, choca de frente con la imagen de un legislador propio bajo investigación por presuntamente manipular sus propias declaraciones juradas. La Justicia, por ahora, sigue su curso.