Rosario: Justicia suspendió decreto de Javkin sobre aportes para obras

La Cámara de lo Contencioso Administrativo 2 de Rosario ordenó suspender el decreto 706/26 de la Municipalidad de Rosario, que quitaba la obligación de exigir aportes previsionales para emitir permisos o certificados de obra.

La medida fue solicitada por la Caja de Ingenieros y obliga al Municipio a volver a exigir el cumplimiento del requisito mientras se resuelve la cuestión de fondo. La resolución no define la validez del Decreto 706, pero le da un efecto inmediato al sistema de control.

El decreto, firmado por el intendente Pablo Javkin en abril último, anula los artículos 5.4.1 y 5.4.2 del Anexo I del Decreto 1261/2024, que regía los trámites de la Dirección General de Obras Particulares.

Desde el Palacio de los Leones se argumentó que el cambio buscaba modernizar y agilizar la administración pública, simplificar la estructura tributaria y ejercer la autonomía municipal prevista en la Constitución de Santa Fe.

La Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario rechazaron la normativa. Alertaron que el decreto no anula la ley de aportes, pero elimina el control estatal previo.

Las entidades advirtieron que el cambio pone en riesgo el financiamiento del sistema previsional y asistencial que sostiene a más de 20.000 familias de profesionales. Para ellas, la pérdida de esa herramienta de verificación debilita la sostenibilidad del sistema y el encuadre legal de las actividades.

El tribunal consideró que hay elementos suficientes para estimar que el decreto municipal puede desconocer obligaciones de la legislación provincial y afectar el financiamiento de la Caja de Ingenieros, entre otras cajas de profesionales.

Su argumentación se centró en el artículo 48 de la Ley provincial 6729, que impide a las reparticiones municipales aprobar, inscribir o visar planos y proyectos técnicos sin la previa constancia del depósito de los aportes correspondientes.

El fallo advirtió que la eliminación del control municipal no puede pensarse apenas como una reorganización de trámites. También alertó que podría favorecer el incumplimiento de los aportes, como reclamó el Colegio de Ingenieros, y generar perjuicio al sistema de salud profesional.

La Cámara rechazó, en esta instancia, que la autonomía municipal desplaze obligaciones de una ley provincial. Aclaró que las competencias locales deben ejercerse en coordinación con las atribuciones provinciales, sin habilitar a desconocerlas.

Con la cautelar, la disputa entre el Municipio y los colegios profesionales se traslada de la calle a los tribunales. El Palacio de los Leones deberá acatar la medida y mantener la exigencia de aportes hasta que se defina el fondo del debate.