La Justicia frenó el remate de activos de SanCor por falta de transparencia en Santa Fe

Lo que está pasando con SanCor en los tribunales de Rafaela no es un trámite menor: es la disputa por el destino de una de las cooperativas lácteas más importantes que tuvo la Argentina, y el proceso judicial que debería ordenar su cierre está siendo cuestionado por sus propias irregularidades.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela suspendió esta semana el remate de los activos de la quebrada cooperativa, después de que la firma Fidulac denunciara falta de transparencia y graves defectos en el diseño del pliego de licitación aprobado por el juez de primera instancia Marcelo Gelcich. El tribunal concedió los recursos de apelación y nulidad con efecto suspensivo, lo que en la práctica frena temporalmente todo el proceso hasta que se resuelva el fondo del reclamo.

El nudo del conflicto está en cómo se pensó vender lo que queda de SanCor. El juez Gelcich había aprobado un pliego que divide los activos productivos en siete lotes separados, con valores base ya fijados y un cronograma de licitación. Fidulac salió a cuestionar esa decisión con un argumento que tiene peso: vender por partes una empresa cuyo principal activo no son sus plantas ni sus máquinas, sino el valor de su marca, equivale a destruir lo más valioso antes de cobrarlo.

"Destrucción del valor económico" y "falta de justificación técnica y legal" son las frases que usa Fidulac en su presentación. Y no es un argumento menor. SanCor fue durante décadas sinónimo de calidad láctea en toda América Latina; su nombre tiene un valor comercial e intangible que, al separarse de las plantas productivas, se diluye. Vender los "fierros" por un lado y la marca por otro no es liquidar una empresa: es desguazarla.

Pero hay otro punto que indigna todavía más: para acceder al "Data Room" y ver las tasaciones base de los activos, el pliego exigía pagar un arancel de USD 10.000. Es decir, los propios acreedores —los más perjudicados por la quiebra— tenían que pagar una suma en dólares solo para enterarse de cuánto valían los bienes que deberían cubrir sus deudas. Una barrera de acceso que huele mal.

El juez Gelcich rechazó el recurso de Fidulac con un argumento que la Cámara consideró inaceptable: declaró "inexistente" el escrito porque la firma de la parte no era ológrafa sino electrónica, realizada a través de la plataforma DocuSign. Los tres camaristas —Álvarez Tremea, Hail y Lorenzetti— desmontaron ese razonamiento punto por punto.

Primero, la firma electrónica de DocuSign está amparada por la Ley 25.506 y goza de presunción de validez mientras nadie la desconozca, y nadie lo hizo. Segundo, el escrito contaba además con la firma digital del abogado patrocinante, lo cual es suficiente para darle existencia procesal. Tercero, y esto es clave: la "inexistencia" es una categoría extrema del derecho procesal, reservada para actos sin ninguna firma. Un defecto en la forma de firmar, en el peor de los casos, debió tratarse como una nulidad subsanable, intimando a la parte a ratificar. Declararlo inexistente de oficio fue, según la Cámara, un exceso de rigor formal que roza la arbitrariedad.

¿Cuánto de todo esto es torpeza procesal y cuánto es algo más? La pregunta queda en el aire. Lo que sí es claro es que el proceso de quiebra de SanCor —que involucra a miles de trabajadores, productores tamberos y acreedores de toda la región— merece un nivel de transparencia y cuidado que, por ahora, no está teniendo.

La Cámara frenó el remate. Ahora el expediente vuelve a fojas cero en este punto, y habrá que ver si el proceso se reencauza con más seriedad o si seguimos viendo un desguace anunciado de lo que alguna vez fue un orgullo de la industria láctea argentina.