Exfiscal de Rosario admitió ludopatía en causa por $425 millones de fondos judiciales

Un escándalo judicial sacude a Rosario: el exfiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, Mariano Ríos Artacho, fue imputado este lunes como presunto jefe de una asociación ilícita acusada de desviar $425 millones de cuentas bancarias judiciales a lo largo de siete años. En la audiencia, el propio exfuncionario rompió el silencio, pidió disculpas a su familia y a las autoridades, y confesó que su ludopatía fue el motor de todas las maniobras.

Ante la jueza María Trinidad Chiabrera, los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani sostuvieron que Ríos Artacho encabezó una estructura de once personas que realizó una "apropiación sistemática" de fondos provenientes de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas judiciales. El período investigado abarca desde 2017 hasta 2024, mientras el acusado se desempeñaba en la unidad especializada en delitos económicos.

El propio imputado reconoció que su adicción comenzó en 2013, cuando era funcionario judicial en la jurisdicción de Melincué, una pequeña localidad santafesina ubicada en el sur de la provincia. "Yo administraba los fondos como si fuese mi billetera", admitió, según confirmaron desde Radiópolis (Radio 2). Además, intentó descomprimir la situación de sus coimputados al asegurar que fue él quien, a través de sus órdenes, los "arrastró" a participar en las maniobras, descartando así la existencia de una asociación ilícita planificada.

Las modalidades del desvío eran variadas y sofisticadas: el pago de restituciones a personas que no eran víctimas reales, el uso de dinero incautado en allanamientos que nunca era bancarizado, y la canalización de esos fondos hacia títulos bursátiles o directamente a las mesas de los casinos. Un funcionario con acceso irrestricto a cuentas judiciales y sin controles efectivos durante años: el caso expone una falla sistémica en la supervisión del manejo de fondos del Estado.

La defensa de uno de los coimputados, Fabricio Emanuel Romero, aportó otro ángulo al debate. Su abogado, Gonzalo Rucci, rechazó de plano la figura de asociación ilícita y planteó una lectura alternativa: "No existe tal banda organizada para cometer delitos. Acá es un grupo de gente que se conoció en salas de casino por una misma enfermedad que los enceguece", sostuvo en declaraciones radiales.

Rucci detalló que los acusados realizaban frecuentes viajes a Buenos Aires, la ciudad entrerriana de Victoria, Uruguay y Brasil para apostar. La explicación tiene lógica dentro de la dinámica de la adicción: los jugadores compulsivos suelen solicitar su propia "autoexclusión" de los casinos santafesinos como intento de frenar la conducta, pero al quedar inhabilitados localmente, cruzan a jurisdicciones donde no tienen restricciones. La enfermedad encuentra siempre una salida.

Sobre la situación particular de Romero, Rucci indicó que el monto que se le atribuye no superaría los 3.000 o 4.000 dólares y que, dado su oficio de carpintero, podría afrontar una reparación económica. "Este tipo de enfermedad genera una doble personalidad, con su familia era un tipo normal hasta que se fue hundiendo en sus problemas", describió el letrado, quien también señaló que la ludopatía "viene a atenuar al momento de castigar un delito" y reclamó que se evalúe en profundidad el estado de salud de los acusados a la hora de definir las penas.

El caso plantea preguntas incómodas que van más allá del drama personal de los imputados: ¿cómo es posible que un fiscal desviara fondos judiciales durante siete años sin que ningún mecanismo de control lo detectara? La respuesta, aunque incómoda, apunta a la debilidad estructural de la auditoría interna del Poder Judicial santafesino. Que un funcionario con acceso a cuentas del Estado pueda operar como si fueran propias durante casi una década habla de controles inexistentes o, en el mejor de los casos, ineficaces.

Con información de: Rosario3, Radiópolis (Radio 2).