Cárceles federales en Rosario y Santa Fe: Coronda lidera el crecimiento carcelario

Las cárceles federales argentinas siguen bajo presión. Al 30 de junio de 2026, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) alojaba a 12.319 personas privadas de libertad, lo que representa un incremento del 1,3% respecto a diciembre del año pasado —153 detenidos más— y una sobrepoblación del 6,8%, equivalente a 785 personas por encima de la capacidad oficial del sistema. Los datos surgen del informe semestral elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), organismo que sistematiza mensualmente la información del SPF.

En ese contexto de crecimiento sostenido, el dato más llamativo para Santa Fe es el protagonismo de la Unidad 36 de Coronda: la cárcel federal habilitada en diciembre de 2024 fue la que más detenidos absorbió en el semestre, sumando 115 personas para llegar a un total de 334 internos. Aun así, el establecimiento opera por debajo de su capacidad inicial de 464 plazas, lo que indica que todavía tiene margen para seguir recibiendo población penal.

La función de la Unidad 36 no es alojar presos de alta peligrosidad —ese rol lo cumple el histórico Instituto Correccional Modelo U1, la cárcel provincial de Coronda, y en el futuro lo hará el complejo de máxima seguridad de Piñero, que el gobierno santafesino bautizó como «El Infierno»—. Su objetivo es de «descompresión»: recibir detenidos de baja o mediana conflictividad para liberar los cupos saturados en comisarías y alcaidías de la provincia, un problema estructural que afecta a toda la región.

El informe de la PROCUVIN, conducida por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, también detalla la composición de la población penal. Los condenados con sentencia firme representan el 64,4% del total (7.927 personas) y crecieron un 3,2% en el semestre. En cambio, las prisiones preventivas —personas que aún no tienen condena— bajaron un 2,1% y representan el 35,6% (4.391 casos). Que seis de cada diez detenidos ya tengan sentencia firme es un dato que los especialistas en política criminal suelen señalar como indicador de menor uso del encarcelamiento cautelar, aunque la cifra absoluta sigue siendo elevada.

Por jurisdicción, la justicia nacional concentra el 51% de la población (6.277 personas) y fue la que más creció en el período, con un 5,5%. La justicia federal representa el 44% (5.416 personas), mientras que las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires suman el 5% restante (626 casos).

Uno de los datos más preocupantes del informe es el crecimiento de la población femenina: las mujeres privadas de libertad llegaron a 1.019, con un aumento del 7,4%, el más alto del semestre. Más de la mitad de las mujeres y personas travesti-trans (49,4%) no cuentan con condena firme, una proporción superior al promedio general del sistema. Actualmente hay 11 mujeres embarazadas bajo custodia del SPF y 18 detenidas junto a sus hijos o hijas, concentradas principalmente en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza. La población travesti-trans se mantuvo estable en 33 personas.

Otros grupos también mostraron variaciones. Los jóvenes de entre 18 y 21 años representan el 2,4% del total (297 casos) y crecieron un 7,2%. Las personas extranjeras constituyen el 15,9% de la población detenida (1.962 casos) y registraron un aumento del 1%. En sentido contrario, la Unidad 17 de Candelaria, en Misiones, fue el establecimiento que más redujo su población: pasó de 188 a 148 detenidos.

El crecimiento carcelario en Argentina no es un fenómeno nuevo. El sistema penitenciario federal arrastra décadas de sobrepoblación estructural, y la apertura de nuevas unidades como la de Coronda apunta a aliviar la presión sobre los eslabones más débiles de la cadena: las comisarías y alcaidías provinciales, donde las condiciones de detención suelen ser las más precarias y donde el hacinamiento genera mayores riesgos para la integridad de los detenidos y el personal.