Santa Fe relanza acuerdo con supermercados: cerdo a menos de $8.000 el kilo

El Gobierno de Santa Fe relanzó este viernes 7 de agosto su programa de venta de cortes de cerdo a precios promocionales, una iniciativa que se enmarca en el denominado Acuerdo Santa Fe y que busca, según la retórica oficial, aliviar el bolsillo de los consumidores a través de un convenio tripartito entre el Estado provincial, frigoríficos y cadenas de supermercados.

El programa contempla seis cortes de carne de cerdo que se comercializarán a menos de $8.000 por kilo: cuadrada, peceto, cuadril, tortuguita, nalga y bola de lomo. Los precios exactos de cada corte, la vigencia del acuerdo y los comercios adheridos se informarán durante el acto oficial de lanzamiento.

La iniciativa no es nueva. Se trata de un relanzamiento, lo que ya dice bastante sobre la efectividad de los acuerdos de precios como herramienta de política económica. La historia argentina está plagada de este tipo de convenios voluntarios que duran lo que dura la foto del lanzamiento: el Estado convoca, los privados asienten, y los precios siguen su propio camino. El cerdo, en ese sentido, no es la excepción.

Dicho esto, hay que reconocer el contexto: la carne vacuna acumula aumentos sostenidos en los últimos años y el cerdo se posicionó como una alternativa proteica más accesible para los sectores medios y populares. En Santa Fe, provincia que concentra buena parte de la producción porcina nacional, este tipo de acuerdos tiene al menos la lógica de la cadena corta: productores locales, frigoríficos radicados en la provincia y consumidores finales en el mismo territorio.

El Acuerdo Santa Fe es el paraguas bajo el cual la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro viene articulando distintas iniciativas de precios de referencia con el sector privado. No es control de precios —al menos no en la letra chica— sino una suerte de vitrina de productos accesibles que los comercios adheridos se comprometen a mantener por un período determinado. La diferencia con el kirchnerismo, dirán en la Casa Gris, es que acá nadie obliga a nadie. La pregunta que queda flotando es si esa voluntariedad alcanza para mover la aguja en la góndola.

Lo cierto es que la presión impositiva sobre la cadena porcina —desde los insumos para la producción hasta los costos logísticos y las cargas laborales— sigue siendo uno de los principales factores que empujan los precios hacia arriba. Ningún acuerdo de precios resuelve eso. Mientras el Estado cobre lo que cobra y regule lo que regula, los márgenes se comprimen y alguien termina pagando: generalmente, el consumidor final.

De todas formas, si el programa efectivamente logra que los santafesinos encuentren peceto o cuadril de cerdo por debajo de $8.000 en las góndolas durante las próximas semanas, bienvenido sea. El pragmatismo también tiene su lugar. Los detalles operativos —qué supermercados, por cuánto tiempo, con qué stock garantizado— serán la verdadera prueba de fuego de una iniciativa que, por ahora, luce más como gestión de imagen que como política de fondo.