Sociedad Rural de Rosario rechaza desregular el IPCVA, organismo clave de la carne

El Gobierno nacional metió la mano en un avispero. El anteproyecto que busca desregular el financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) encendió las alarmas del sector ganadero y frigorífico, que salió a rechazarlo en bloque. En Rosario, la presidenta de la Sociedad Rural, María Soledad Aramendi, fue la voz que sintetizó una posición que mezcla apoyo ideológico a la desregulación con preocupación concreta por las consecuencias.

El anteproyecto, que todavía no ingresó formalmente al Congreso y forma parte de un borrador de la Ley de Desregulación, plantea eliminar desde el 1° de octubre de 2027 los aportes obligatorios que productores ganaderos y frigoríficos realizan para financiar el IPCVA. La idea es que esas contribuciones pasen a ser voluntarias. Además, el texto propone que el Senasa y la Secretaría de Agricultura dejen de recaudar esos fondos y desactiven los mecanismos administrativos asociados.

¿Cuánto está en juego? Hoy el sistema descuenta automáticamente alrededor de 1.720 pesos por cabeza —con variaciones según el peso y el valor del animal— entre lo que aportan los productores y los frigoríficos. Con esa plata, el IPCVA financia buena parte de la presencia argentina en ferias y congresos internacionales. "En las principales ferias y congresos internacionales, una parte importante del stand argentino es financiada por el propio IPCVA", explicó Aramendi en diálogo con el periodista Sergio Roulier en Radio 2.

La dirigente reconoció la tensión interna del sector: "Los ganaderos no ven el beneficio del IPCVA, pero sí sienten el costo". Es una queja histórica. El productor que vende hacienda ve el descuento en su liquidación pero difícilmente conecte ese dinero con la campaña que posiciona la carne argentina en Shanghái o Dubai. El exportador, en cambio, sí entiende el valor del organismo porque trabaja directamente con los mercados internacionales que el IPCVA cultiva.

Aramendi aportó un dato que vale la pena considerar: el caso brasileño. "En Brasil ocurrió algo parecido: primero hubo un sistema obligatorio que permitió desarrollar una estrategia de largo plazo y, cuando ese modelo fue exitoso, se eliminó la obligatoriedad", señaló. La secuencia importa: primero construís la marca, después liberás el aporte. Hacerlo al revés puede desfinanciar el organismo antes de que el sector privado decida sostenerlo voluntariamente.

Esa es exactamente la preocupación central: que la voluntariedad termine siendo sinónimo de desaparición. "Hay preocupación porque una medida de este tipo termine provocando la desaparición de organismos, como también podría ocurrir con Coviar en la vitivinicultura", advirtió la dirigente ruralista. El IPCVA no sería el único organismo sectorial en riesgo si la lógica de desregulación se aplica sin distinción.

Otro punto sensible es el Senasa. Aramendi fue taxativa: su continuidad es "indispensable". "Se necesitan controles sanitarios, de trazabilidad y de calidad. Hoy muchas responsabilidades recaen sobre el productor, pero igualmente hace falta que el Estado controle, somos hijos del rigor", afirmó. En un país que exporta carne a mercados exigentes como la Unión Europea o China, la trazabilidad no es un capricho burocrático: es el pasaporte de acceso.

En paralelo, Aramendi describió un cambio estructural en el mercado interno que tiene implicancias directas para el sector. "La carne vacuna hoy tiene otro precio y estamos yendo hacia una producción más gourmet", dijo, y vinculó esa tendencia a un fenómeno global. El pollo y el cerdo se consolidan como las proteínas de consumo masivo, mientras la carne vacuna migra hacia un segmento premium. "En la Argentina históricamente fue un alimento popular, pero esa realidad está cambiando", reconoció. Un dato que interpela tanto al productor como al consumidor que todavía espera el asado accesible del domingo.

El rechazo al anteproyecto fue formalizado en un comunicado conjunto de entidades ganaderas y de la industria frigorífica. La posición no es ideológicamente contraria a la desregulación —muchos en el sector la apoyan en abstracto— sino que cuestiona los tiempos, la secuencia y el riesgo de desfinanciar herramientas que tardaron años en construirse. En el fondo, el debate sobre el IPCVA es el mismo que atraviesa toda la agenda de desregulación: ¿cuándo el Estado que se retira libera energía privada y cuándo simplemente deja un vacío?