Allanamientos en Tandanor: secuestraron 367 mil dólares y hay una trama de corrupción bajo la lupa

La Justicia federal puso en marcha una investigación de alto voltaje sobre el astillero estatal Tandanor que derivó en cinco allanamientos simultáneos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello. Los operativos, ejecutados por la Policía Federal, se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata, y arrojaron un resultado contundente: el secuestro de 367.110 dólares hallados entre un domicilio particular y una caja de seguridad en el microcentro porteño.

El principal apuntado es Julio Eduardo Gallé, quien se desempeñaba como gerente comercial del astillero y habría sido designado en ese cargo a instancias de Nicolás Posse, el exjefe de Gabinete de Javier Milei que fue desplazado en 2024. La investigación busca determinar si Gallé exigió un pago indebido al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de hacer desaparecer una deuda de aproximadamente 200 mil dólares que esa empresa mantenía con Tandanor. La maniobra, según las primeras hipótesis judiciales, habría alcanzado al menos los 220 mil dólares.

El caso dio un giro decisivo cuando los investigadores hallaron, entre el material incautado, un recibo manuscrito que detalla un pago de 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. A eso se sumaron cartas documento, contratos, extractos bancarios y una gran cantidad de dispositivos electrónicos. Ese conjunto de pruebas transformó lo que comenzó como una auditoría administrativa interna en una causa federal por cohecho, uno de los delitos más graves en materia de corrupción pública.

El origen de todo está en una auditoría interna realizada tras el cambio de autoridades en Tandanor al inicio de la gestión libertaria. Las irregularidades detectadas fueron denunciadas por la propia empresa, lo que derivó en la intervención de la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Un dato que, paradójicamente, muestra que el mecanismo de control interno funcionó, aunque las preguntas sobre quién designó a quién siguen abiertas.

El contexto interno del astillero durante ese período fue, cuanto menos, turbulento. Con la llegada de Ana Laura Hernández a la presidencia de Tandanor —bajo el ala de Posse—, la empresa vivió una reestructuración drástica: se despidió personal, se incorporaron directores con salarios elevados y, de manera llamativa, se desarticuló la Gerencia de Control de Gestión, el área encargada de supervisar el funcionamiento sensible de la compañía. Esa decisión generó una crisis de confianza que incluyó el alejamiento de Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y miembro del directorio, por diferencias con el rumbo de la gestión.

Detrás de la inestabilidad también sobrevuela una pregunta estratégica: ¿qué futuro tiene Tandanor? El astillero no es solo una empresa industrial. Ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más cotizados de Buenos Aires, frente al desarrollo Solares de Santa María, en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. Esa ubicación privilegiada alimentó desde el inicio del gobierno las especulaciones sobre si el verdadero interés oficial era la empresa o sus tierras.

Hoy, tras la salida de Hernández, asumió Mauricio González Botto, otro hombre vinculado a Posse y con antecedentes en el diseño de privatizaciones. El gobierno vuelve a mover las piezas sobre el futuro del astillero mientras, en los pasillos de Comodoro Py, la Justicia sigue reconstruyendo qué ocurrió realmente puertas adentro: los documentos, los recibos y las cajas de seguridad ya dejaron de ser simples datos contables para convertirse en las pruebas de una presunta red de corrupción estatal.

El caso Tandanor expone una tensión que el gobierno de Milei no puede ignorar: la promesa de transparencia y eficiencia en el Estado choca de frente con una trama que involucra a funcionarios de su propia órbita. La corrupción, como demuestran los hechos, no tiene color político.