Combustible fantasma en Rosario: las multas millonarias que piden para 20 policías corruptos

Lo que se hizo con la nafta de los patrulleros rosarinos es una historia de corrupción policial que mezcla facturas truchas, efectivo en sobre y una cadena de complicidades que llegaba hasta la cúpula de la fuerza. Este miércoles, en el Centro de Justicia Penal, el fiscal José Luis Caterina puso números concretos a esa historia: multas que en conjunto suman cientos de millones de pesos para veinte imputados.

Caterina, titular de la unidad de Corrupción Funcional y Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, explicó que al elevar el requerimiento acusatorio en mayo pasado había omitido incluir la pretensión de multas. La audiencia de este miércoles sirvió para subsanar eso. Y los números que presentó no son menores.

El mecanismo era simple y descarado a la vez: se facturaban cargas de combustible que nunca se realizaban, o se sobrefacturaban las que sí ocurrían, en la estación de servicio de Ovidio Lagos al 3900. El dinero cobrado de más volvía en efectivo a los policías involucrados. Parte de esa plata circulaba por distintas áreas de la fuerza y, según el legajo, subía hasta la jefatura de la Policía. Un circuito aceitado, valga la metáfora.

La lista de imputados y las multas solicitadas es extensa. Al tope aparece Mónica Juana Bianconi, titular de la estación de servicio, con 356 millones de pesos de multa y 8 años de prisión pedidos. Después viene el exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, con 241.920.000 pesos y 12 años de cárcel. Su secretario privado, Rodrigo Domínguez, enfrenta la pena de prisión más alta del grupo: 14 años, más una multa de 174.200.000 pesos.

El criterio para calcular las multas, explicó Caterina, es que pueden ser entre dos y cinco veces el monto de la dádiva, el beneficio indebido o la ventaja pecuniaria obtenida. Es decir, los números reflejan la magnitud de lo que se habría robado.

Entre los jefes policiales imputados aparecen figuras con roles clave en la estructura de seguridad rosarina: el exjefe del Comando Radioeléctrico Diego Santamaría (7 años y 54 millones de multa), el exjefe de la Brigada de Orden Urbano Juan Pablo Pigozzi (8 años y 72 millones) y el exjefe de la Brigada Motorizada Héctor Saucedo (7 años y 36 millones). También está imputado el exjefe de División Logística Roberto Blanco, con 6 años y 8 meses y 12 millones de multa, y dos efectivos de Caballería y Perros, Fabián Fantín y Adrián Bahl, con 5 años cada uno.

Más abajo en la cadena, pero no menos relevantes para entender el esquema, aparecen Edgardo Roldán, Roberto Sandoval y Franco Cuesta, vinculados a vehículos específicos usados para la facturación fantasma, con multas de entre 6,9 y 19,6 millones. Y un grupo de ocho efectivos encargados de las cargas o jefes menores —Gustavo Bazán, Juan Villordo, Fabián Becerra, Diego Luna, Javier Arce, Fernando Ceballos, Juan Manuel Herrera y Mario Brest— con multas que van de 3 a 12 millones de pesos.

¿Cuánto combustible fantasma se necesita para armar semejante estructura? La pregunta no es retórica: la respuesta está en el expediente y va a tener que responderse en el juicio oral. Lo que ya quedó claro es que esto no fue un par de policías aprovechándose del sistema. Fue una organización con jerarquías, roles definidos y una estación de servicio cómplice en el medio.

La Unidad Regional II tiene jurisdicción sobre buena parte del área metropolitana de Rosario. Que su propio jefe encabece una lista de imputados por corrupción interna dice mucho sobre el estado de la fuerza en esos años. El juicio oral que se viene va a ser incómodo para más de uno.