Lavado en Puerto Rosario: el hijo de Shanahan preso, su esposa en domiciliaria
El juez Carlos Vera Barros dispuso la prisión preventiva de Esteban Shanahan, hijo del ex presidente de Terminal Puerto Rosario, mientras su madre quedó en arresto domiciliario y su hermana fue excarcelada. La causa involucra presuntas maniobras de lavado vinculadas a la compra y venta de acciones de la concesionaria de los muelles I y II del puerto rosarino, con conexiones internacionales que incluyen una orden de detención contra el empresario catalán Jordi Pujol.
La familia Shanahan tuvo este viernes un desenlace judicial dispar: el juez federal Carlos Vera Barros dispuso la prisión preventiva para Esteban Shanahan, hijo del ex presidente de Terminal Puerto Rosario (TPR), mientras que su madre, Graciela, quedó bajo arresto domiciliario y su hermana, Lucila, fue directamente excarcelada.
La resolución llegó al final de una jornada maratónica en la que los fiscales federales Juan Argibay, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari sostuvieron la indagatoria contra los tres imputados, acusados de presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a la compra y venta de acciones de TPR, la concesionaria de los históricos muelles I y II del puerto rosarino.
Pero la causa tiene una dimensión que va mucho más allá de Rosario. En paralelo, el juzgado libró una orden de detención internacional contra el empresario catalán Jordi Pujol —señalado por presuntos sobornos y lavado de activos vinculados a la concesión portuaria— y contra el financista rosarino radicado en España Iván Ferrarons, apuntado como socio de Shanahan en las maniobras.
Para la fiscalía, el esquema funcionó así: Pujol, miembro de una de las familias con mayor peso político y económico de Cataluña, habría lavado millones de euros y dólares provenientes del narcotráfico internacional mediante la compra y venta de acciones de TPR, con Gustavo Shanahan —el padre, ex presidente de la terminal— como administrador local de las operaciones.
El escándalo tiene raíces profundas. Terminal Puerto Rosario S.A. fue constituida el 7 de agosto de 2002, durante el gobierno de Carlos Reutemann, con un capital social de $5.000.000. Desde su origen, la empresa mostró una opacidad accionaria que hoy los fiscales señalan como el caldo de cultivo ideal para las maniobras investigadas. Tres firmas concentraron prácticamente la totalidad del capital: Pro Puerto S.A. (48%), Inter Rosario Port Services S.A. (30%) e Interlogística Portuaria S.A. (21%). Las dos últimas fueron constituidas en Tarragona, España, aunque declararon domicilio argentino en la calle Peña 2083 de Buenos Aires, coincidiendo con la sede de la firma Loster Company S.A.
Mientras Pro Puerto nucleaba a los inversores locales —un conglomerado del establishment rosarino con negocios en construcción, finanzas y servicios jurídicos que creció fuerte en los noventa—, las firmas españolas agrupaban a empresas catalanas como Fruport SA, Silos de Tarragona SA, TPS Tarragona Port Services SA y la constructora Obrascon Huarte Laín, entre otras. La cabeza visible del grupo era Guillermo Salazar Boero, titular de acciones que el contrato de concesión declaraba intransferibles por diez años.
Un dato que desmonta un mito instalado durante años: el puerto de Tarragona nunca tuvo participación accionaria real en TPR. Su rol fue el de puente institucional para atraer empresas españolas interesadas en rutas comerciales entre Rosario y el Mediterráneo. La confusión, sin embargo, sirvió para dar una pátina de legitimidad internacional a una estructura que, según la fiscalía, era considerablemente más oscura de lo que parecía.
En 2004, una polémica asamblea de accionistas marcó otro punto de inflexión en la historia de TPR, cuando la empresa necesitaba capitalización urgente para cumplir con sus obligaciones concesionarias. Ese momento, según la investigación, habría sido clave en la reconfiguración del mapa accionario que hoy está en el centro de la causa penal.
Lo que emerge de esta investigación es el retrato de una empresa portuaria que operó durante más de dos décadas en una zona gris institucional, con cambios permanentes en la titularidad de sus acciones que, según los fiscales, siempre estuvieron en el límite de la legalidad. El puerto de Rosario, uno de los complejos fluviales más importantes de América del Sur y columna vertebral del comercio agroexportador argentino, habría sido usado como escenario para lavar dinero del narcotráfico internacional. La pregunta que queda flotando es cuántos años más tardó el Estado en ver lo que aparentemente estaba a la vista.
Preguntas frecuentes
¿Por qué detuvieron a la familia Shanahan en Rosario?
Esteban Shanahan, su madre Graciela y su hermana Lucila fueron imputados por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a la compra y venta de acciones de Terminal Puerto Rosario. El juez federal Carlos Vera Barros dispuso prisión preventiva para Esteban, domiciliaria para Graciela y excarceló a Lucila.
¿Qué es Terminal Puerto Rosario y cuándo obtuvo la concesión?
Terminal Puerto Rosario S.A. (TPR) es la empresa concesionaria de los muelles I y II del Puerto de Rosario desde 2002, cuando ganó la licitación durante el gobierno de Carlos Reutemann. Opera en uno de los puertos fluviales más importantes de América del Sur.
¿Quién es Jordi Pujol y qué tiene que ver con el puerto de Rosario?
Es un empresario catalán contra quien se libró una orden de detención internacional. Los fiscales lo acusan de haber lavado millones de euros y dólares provenientes del narcotráfico internacional mediante operaciones con acciones de TPR, usando a Gustavo Shanahan como administrador local.
¿Qué pasó con Iván Ferrarons?
Iván Ferrarons es un financista rosarino radicado en España señalado como socio de Shanahan en las maniobras de lavado. También se libró una orden de detención internacional en su contra.