Ley Malvinas: sin dictamen, oficialismo admite cambios

El dictamen de la Ley Malvinas quedó postergado tras un cuarto plenario de comisiones que duró alrededor de dos horas y no logró cerrar un acuerdo entre oficialismo y oposición.

La iniciativa fue excluida de la sesión convocada por el oficialismo para el 21 de octubre. El presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, anunció que la semana próxima se hará otra reunión de diputados “para dar conclusión al debate”.

La oposición insistió en separar el título I sobre Malvinas del resto del proyecto. Desde Unión por la Patria, Agustina Propato sostuvo que dividir el primer título de los otros siete sería “sensato” y dijo: “Nosotros vamos encaminados a una propuesta de dictamen”.

La cordobesa Alejandra Torres respaldó esa alternativa, que el oficialismo rechazó. La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, calificó el proyecto de “barbaridades e inconveniencias” y advirtió que “seguramente la semana que viene van a querer dictaminar, como hacen con todo, rápido, no importa que los temas sean sustanciales”.

Frade señaló que “nunca se nombra al invasor” en las Islas Malvinas y sostuvo que el proyecto tiene como “corazón” el “control social y político que necesita tener Javier Milei para el próximo tiempo”. También cuestionó la inclusión de tipos penales abiertos y afirmó: “Lo que subyace en este invento es desalentar a la sociedad civil a participar activamente de la vida política y social”.

Desde el oficialismo, la secretaria parlamentaria del bloque, Silvana Giudici, dijo que no apurarán el dictamen y convocó a los bloques a presentar propuestas para “mejorar algunos puntos”. “No vamos a tomar una determinación de apurar el dictamen, porque estamos contemplando cada una de las observaciones que hicieron (los bloques aliados)”, expresó. También defendió la búsqueda de “un dictamen sólido, consensuado” y pidió que “no agitemos más fantasmas”.

El diputado nacional Esteban Paulón cuestionó el proyecto vinculado a la causa Malvinas y denunció que, bajo esa fachada, se busca crear un organismo que defina la libertad de la ciudadanía y se arrogue funciones judiciales. Paulón advirtió: “Con el Consejo de Seguridad Nacional el gobierno avanza sobre las libertades individuales”.

Uno de los artículos más cuestionados es el artículo 111, que establece penas de prisión de 5 a 12 años para quienes “alteren procesos electorales” y realicen “campañas de desinformación”. Giudici afirmó que “el artículo 111 va dirigido a lo que tiene que ver con la injerencia extranjera” y adelantó que “se va a acotar y determinar a ese contexto”.

Damián Arabia confirmó que habrá modificaciones en distintos puntos del texto. “Hemos incorporado muchas de las cuestiones sugeridas”, dijo, y recordó que la redacción del artículo 111 “no va a quedar así”. También mencionó cambios en el artículo 39, sobre la autoridad de aplicación; en los artículos 46, 48 y 49, sobre la participación de provincias y municipios; y en los artículos 20, 21 y 22, relativos a las sanciones penales.

La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó la reivindicación de la dictadura realizada en una reunión.