Librerías de Rosario en alerta por la derogación de la ley del libro

Con carteles en las vidrieras, redes sociales encendidas y la consigna "la ley del libro no se toca", las librerías independientes de Rosario entraron en estado de alerta ante el proyecto impulsado por el gobierno nacional para derogar dos pilares del ecosistema editorial argentino: la Ley de Defensa de la Actividad Librera y la Ley de Fomento del Libro y la Lectura.

La movida no es menor. Estas dos normas, que regulan desde el precio único del libro hasta los mecanismos de fomento a la producción editorial nacional, son consideradas por el sector como el dique de contención que impide que las grandes cadenas y las plataformas digitales internacionales terminen de aplastar a las librerías de barrio. Sin ellas, dicen los libreros rosarinos, el mercado quedaría librado a una lógica de concentración que ya arrasó con el sector en otros países.

"Defendé la librería de tu barrio" es otra de las consignas que circula entre los comercios adheridos a la protesta. El mensaje apunta directo al vecino, al lector cotidiano, recordándole que detrás de cada local hay un proyecto cultural, no solo un negocio. En Rosario, ciudad con una tradición lectora y editorial que pocos centros urbanos del interior pueden igualar, la amenaza se siente con particular intensidad.

El sector advierte que la derogación no solo golpearía a los libreros: también arrastraría a sellos editoriales independientes, a autores que publican fuera del circuito porteño y a toda la cadena de distribución regional. La diversidad cultural y el acceso a la lectura en distintas regiones del país, argumentan, dependen en buena medida de que exista un marco normativo que nivele la cancha frente a los grandes jugadores del mercado.

El proyecto forma parte de la oleada desreguladora que el gobierno de Javier Milei viene impulsando desde su llegada al poder, bajo la premisa de que el Estado no debe intervenir en ningún mercado. Pero el mundo del libro tiene sus particularidades: en casi todos los países con industria editorial desarrollada —Francia, España, Alemania— existe algún tipo de regulación del precio del libro, precisamente porque se lo considera un bien cultural y no una mercancía más.

En Santa Fe, la discusión tiene una dimensión extra. La provincia tiene una producción editorial propia, ferias del libro con arraigo local —la Feria del Libro de Rosario es una de las más importantes del interior— y una red de librerías independientes que sobrevivió a la crisis del 2001, a la pandemia y a sucesivas devaluaciones. Que ahora la amenaza venga desde una política nacional de desregulación genera una bronca particular entre quienes llevan décadas en el rubro.

Desde el sector esperan que la resistencia se traduzca en presión legislativa concreta. El proyecto deberá pasar por el Congreso Nacional, y allí los bloques provinciales —incluidos los diputados y senadores santafesinos— tendrán la palabra. La pregunta que se hacen los libreros rosarinos es si sus representantes en Buenos Aires van a defender una ley que protege la cultura del interior, o si van a acompañar una iniciativa que, una vez más, beneficia a los grandes centros de poder económico en detrimento de las provincias.

Por ahora, las vidrieras hablan. Y en Rosario, cuando las vidrieras hablan, la política suele escuchar.