Ley del Libro: debate en Rosario por el proyecto que busca derogarla

El Gobierno nacional tiene en carpeta la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Libraria, la norma que fija un precio uniforme de venta para los libros en todo el país. La medida encendió las alarmas en el sector editorial y cultural, y ya tiene respuesta desde la Legislatura provincial: la diputada Lionella Cattalini salió a defender la ley con argumentos que mezclan cultura, empleo y diversidad.

"La industria del libro no es una actividad comercial más", arrancó Cattalini en su declaración pública. "Detrás de cada ejemplar existen autores, traductores, correctores, ilustradores, editoriales, imprentas, distribuidoras y librerías que sostienen empleo y permiten que nuevas voces tengan lugar", agregó la legisladora, apuntando directamente al corazón del debate: cuántos puestos de trabajo dependen de un esquema regulado.

La norma cuestionada establece que todos los puntos de venta deben comercializar un mismo título al mismo precio, sin posibilidad de descuentos agresivos. El objetivo declarado es nivelar la cancha entre las grandes cadenas y las librerías independientes, que no tienen el volumen para competir en precio con gigantes del retail o plataformas digitales. Sin esa protección, el argumento es simple: los pequeños cierran.

Para Cattalini, Rosario tiene mucho en juego. "Sus librerías forman parte de la identidad cultural de la ciudad: son espacios donde circulan ideas, se presentan autores y se forman lectores. Defender esa red es defender una parte de lo que somos", sostuvo. La ciudad tiene una larga tradición editorial y libraria, con decenas de librerías independientes distribuidas en distintos barrios que funcionan también como centros culturales.

El argumento más filoso de la diputada apunta a desactivar la crítica fiscal: "La Ley del Libro no le cuesta un peso al Estado". A diferencia de subsidios, exenciones impositivas o transferencias directas, la regulación de precio uniforme no implica erogación presupuestaria. Es, en términos técnicos, una regulación de mercado sin costo fiscal directo para el Tesoro.

El debate, sin embargo, no es tan lineal. Los defensores de la desregulación sostienen que el precio fijo es, en definitiva, una restricción a la competencia que termina perjudicando al consumidor final: si una librería grande o una plataforma online pudiera ofrecer descuentos, el lector accedería al libro más barato. El contrarargumento del sector cultural es que esa lógica destruye el ecosistema: sin librerías independientes, sin editoriales chicas, la oferta se concentra y la bibliodiversidad desaparece.

La discusión se enmarca en la agenda desreguladora del Gobierno de Javier Milei, que desde diciembre de 2023 viene eliminando o cuestionando regulaciones en distintos sectores de la economía. La Ley del Libro es uno de los frentes abiertos en ese proceso, junto con otras normativas que el oficialismo considera trabas al libre mercado.

Lo que está claro es que el sector editorial argentino no es menor: según datos de la Cámara Argentina del Libro, la industria mueve miles de millones de pesos al año, emplea a decenas de miles de personas en toda la cadena de valor y Argentina es uno de los principales productores de libros en español a nivel mundial. Tocar las reglas de juego tiene consecuencias que van más allá de las góndolas.

"Defenderla es defender trabajo, cultura y producción nacional", cerró Cattalini. El Gobierno, por su parte, no ha dado marcha atrás con el proyecto. El debate recién empieza.