Malvinas: el Gobierno inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas

El Gobierno nacional dio el primer paso formal en su ofensiva sobre la cuestión Malvinas: la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago, sin autorización argentina. La decisión fue comunicada este viernes 5 de septiembre por la Oficina del Presidente y se tomó por instrucción directa de Javier Milei.

Lo que distingue a esta medida de iniciativas anteriores es su alcance ampliado: el procedimiento no apunta únicamente a las empresas que operan directamente en el área. También quedan comprendidos accionistas de esas compañías y firmas que les hayan prestado servicios para sostener sus operaciones. Según el comunicado oficial, se busca investigar y eventualmente sancionar la violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.

"Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad", señaló la Oficina del Presidente en el comunicado difundido este viernes.

La medida llega un día después de que Milei dedicara parte de su cadena nacional del jueves a anunciar un endurecimiento de la política argentina frente a las actividades hidrocarburíferas en las islas. En ese mensaje, el Ejecutivo también anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la modificación del esquema de aplicación de la Ley 26.659 para agilizar los procedimientos administrativos.

El canciller Pablo Quirno había explicado previamente que el universo alcanzado por la nueva política es más amplio de lo que podría suponerse: además de las petroleras, fueron notificadas empresas vinculadas a la prestación de servicios petroleros, financieros y de seguros, entre otros rubros. Quirno había señalado que alrededor de 180 empresas recibieron notificaciones por su vinculación con actividades en el área. El inicio de actuaciones contra 45 sujetos representa ahora el primer avance formal sobre casos concretos.

Es importante aclarar que la apertura de estos procedimientos no equivale a una sanción. Se trata de actuaciones administrativas destinadas a determinar si existieron infracciones y, en caso de corresponder, aplicar las penalidades previstas por la legislación vigente. El proceso tiene etapas y garantías, pero marca una escalada concreta respecto a la postura histórica argentina, que durante décadas se limitó a protestas diplomáticas.

Uno de los proyectos en el centro de la controversia es el Sea Lion, desarrollado por empresas internacionales en aguas próximas a las Malvinas. Entre las compañías vinculadas al emprendimiento figuran la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. El proyecto, que lleva años en etapa de desarrollo, representa uno de los principales focos de la ofensiva anunciada por el Gobierno.

La Casa Rosada cerró el comunicado con un tono que no deja margen a la ambigüedad: "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión". La señal política es clara: el Gobierno de Milei apuesta a convertir la cuestión Malvinas en un frente activo de gestión, combinando herramientas legales con presión sobre la cadena de valor de las empresas que operan en el área disputada.