Bruera: "Milei retrocedió más derechos que la última dictadura" en Santa Fe

Lo que dijo Matilde Bruera no es fácil de escuchar, pero tampoco es fácil de ignorar. La abogada penalista, ex defensora pública federal y presidenta de Justicia Legítima a nivel nacional soltó una frase que va a dar que hablar: "En retrocesos de derechos, esto es más grave que la última dictadura". No lo dijo en un acto político ni en un spot de campaña. Lo dijo con el peso de quien pasó décadas dentro del sistema penal argentino, defendiendo a los que nadie quería defender.

La comparación no es caprichosa. Bruera la fundamenta con un dato concreto: la ley de contrato de trabajo. "La dictadura le sacó 100 artículos. Esto limpiaron todo. Es inédito", afirmó. Más allá del debate que pueda generar la equiparación, el argumento tiene sustancia jurídica y merece ser discutido en serio, no descartado con un manotazo.

Pero Bruera no se quedó solo en el plano nacional. Apuntó también contra la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe, que avanza por su segunda etapa en la Legislatura provincial. Para ella, la reforma va en la dirección equivocada: habilita allanamientos sin orden judicial, crea "zonas de investigación" donde se puede controlar quién entra y quién sale sin garantías procesales, y recupera la vieja práctica de la detención por averiguación de antecedentes. "Una burrada desde todo punto de vista", la definió sin rodeos.

¿Investigar delitos o perseguir pobres? Esa es, en el fondo, la pregunta que atraviesa toda su crítica. "Si uno anda por la calle buscando delincuentes al voleo, es que no tiene la más remota idea de dónde se cometen delitos. Habla muy mal del ministro de seguridad y del sistema", disparó. La frase pega, sobre todo en una ciudad como Rosario, donde el debate sobre seguridad lleva años girando en círculos sin resultados concretos.

Su mirada sobre el sistema penal viene de adentro. Como defensora pública y como abogada privada, Bruera vio de cerca quiénes terminan presos en la Argentina. La respuesta no sorprende, pero incomoda: los pobres. "Cuando hay presos de otro sector, es porque perdió en alguna interna política", señaló con una ironía que no necesita exageración para doler. Y agregó que acceder a un abogado penalista de calidad tiene un costo que los sectores vulnerables no pueden pagar, lo que convierte al sistema en una trampa estructural.

El dato sobre los procesos abreviados es quizás el más estremecedor: representan el 97% de las condenas en Santa Fe. Para Bruera, ese número no habla de eficiencia judicial sino de extorsión institucionalizada. "Es un acuerdo con una persona que está secuestrada, que está presa sin condena. Nunca hay un buen acuerdo porque no hubo posibilidad de defenderse", denunció. Noventa y siete por ciento. Que alguien explique cómo eso es un sistema de justicia.

En el plano político, Bruera fue igual de directa con el peronismo. "No se está dando una lectura seria de la gravedad de la situación", advirtió, y reclamó dejar las internas de lado para construir una unidad que incluya a todo el campo popular. "Hay un enemigo principal, hay algo que hay que derrotar electoralmente, que es este gobierno de ultraderecha, empobrecedor", sostuvo. El diagnóstico es claro. Si la respuesta estará a la altura, eso ya es otra historia.

Lo que Bruera pone sobre la mesa es incómodo para todos: para el gobierno nacional, para la gestión provincial y para una oposición que todavía no encontró el tono. En una ciudad que convive con la violencia cotidiana y un sistema judicial que cruje, sus palabras merecen algo más que el ruido de una semana de noticias.