La única fábrica de caucho sintético del país en jaque: los trabajadores de Puerto San Martín van al Ministerio

"No defendemos una planta, defendemos nuestra soberanía industrial". La frase es de Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu), y resume con precisión quirúrgica lo que está en juego en Puerto San Martín: el futuro de la única fábrica de caucho sintético que existe en todo el país.

La bomba la tiró Pampa Energía, la empresa del grupo Midlin, hace pocas semanas, cuando comunicó el cierre de esa unidad productiva. La decisión no cayó en el vacío: los trabajadores se plantaron, activaron los mecanismos sindicales disponibles y lograron trabar el proceso con una conciliación voluntaria que mantiene viva la discusión, al menos por ahora.

El próximo lunes, en el marco de la prórroga de esa conciliación, habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. La convocatoria es amplia: además del sindicato y la empresa, participarían representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo, lo que eleva la apuesta política del encuentro. Cuando el Estado empieza a meter fichas en una mesa de negociación laboral, la cosa deja de ser solo un conflicto gremial.

¿Por qué importa tanto esta planta? Porque no hay otra igual en Argentina. El caucho sintético que produce esa fábrica es insumo clave para industrias que van desde el automotriz hasta el calzado, pasando por la construcción. Perder esa capacidad productiva no es solo un problema para los trabajadores de Puerto San Martín: es un retroceso en la cadena industrial nacional que después cuesta años y millones recuperar.

Puerto San Martín, a unos 30 kilómetros al norte de Rosario sobre el corredor del Gran Rosario, es uno de los polos petroquímicos más importantes del país. La zona concentra plantas de empresas como YPF, Dow y otras compañías del sector, y genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Un cierre de esta magnitud en ese ecosistema no pasa desapercibido.

Brizuela sabe que la pelea no es sencilla. Pampa Energía es una de las empresas energéticas más grandes de Argentina, con activos que van desde centrales eléctricas hasta exploración de hidrocarburos. El grupo Midlin, liderado por Marcelo Mindlin, tiene peso político y económico de sobra para sostener una decisión de cierre si así lo decide. Pero también sabe que la presión sindical organizada, con el Estado provincial en el medio, puede cambiar el cálculo.

La conciliación voluntaria es una herramienta que suspende los efectos del conflicto mientras las partes negocian. No es una solución, es un paréntesis. Y los paréntesis se cierran. El lunes se sabrá si hay voluntad real de encontrar una salida o si la reunión es apenas un trámite antes del desenlace.

Lo que está claro es que los trabajadores no piensan bajar los brazos. Y tienen razón en pelear: cuando se cierra la única fábrica de algo en un país, no se trata de una decisión empresarial más. Se trata de una pérdida que, una vez consumada, es casi imposible de revertir.