Rosario quiere blindar el sistema de compra rápida de medicamentos para la salud pública

Lo que empezó como una solución de emergencia ahora el oficialismo rosarino quiere convertirlo en regla fija. La Municipalidad de Rosario presentó un proyecto de ordenanza para darle carácter permanente al sistema de Compras Ágiles, el mecanismo que ya usa para adquirir medicamentos e insumos biomédicos destinados a la red de salud pública de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo municipal, propone incorporar un nuevo artículo al régimen de contrataciones de la Municipalidad. El punto central: exceptuar estas adquisiciones de los límites monetarios generales que rigen para el resto de las compras del Estado comunal. La condición, según el proyecto, es que se mantengan los controles de transparencia, publicidad y competencia entre proveedores.

¿Por qué importa esto? Porque el abastecimiento de medicamentos en los centros de salud y hospitales municipales es uno de los talones de Aquiles históricos de cualquier gestión. Los procesos de licitación tradicionales, con sus plazos burocráticos y sus vericuetos administrativos, muchas veces dejaron estantes vacíos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), los dos pilares de la salud pública rosarina.

El sistema de Compras Ágiles fue diseñado precisamente para cortocircuitar esa burocracia: permite adquirir insumos críticos con mayor velocidad, sin resignar —al menos en teoría— la competencia entre oferentes ni la publicidad de los actos. La pregunta que se hacen desde la oposición y desde los propios trabajadores de salud es si esa promesa de transparencia se cumple en la práctica o si la agilidad termina siendo una puerta trasera para la discrecionalidad.

El proyecto llega en un contexto donde el sistema sanitario municipal viene absorbiendo una presión creciente. Rosario tiene una de las redes de atención primaria más extensas de la provincia, con más de 50 centros de salud distribuidos en los seis distritos de la ciudad. Mantener esa red abastecida, con la volatilidad de precios que caracteriza al mercado farmacéutico argentino, es un desafío logístico y financiero permanente.

Desde el Concejo Municipal deberán analizar si el proyecto ofrece garantías suficientes. El debate no es menor: habilitar excepciones al régimen general de contrataciones sin un andamiaje de control robusto puede abrir flancos de corrupción que después son difíciles de cerrar. La historia de las compras públicas en Argentina —y en Rosario en particular— tiene capítulos que no conviene repetir.

Si el proyecto avanza, la Municipalidad contará con una herramienta legal más sólida para responder rápido cuando faltan antibióticos, insulina o material de curación en un CAPS del Distrito Oeste o del Distrito Norte. Eso es concreto y tiene valor. Pero la letra chica del control es lo que va a definir si esto es una mejora real del sistema o simplemente una coartada administrativa para comprar sin rendir cuentas.

El Concejo tiene la palabra. Y los vecinos que dependen de la salud pública, también deberían tenerla.