Casi 6 millones de argentinos en mora: el gobierno va por nuevas herramientas de cobro

Los números no mienten y tampoco dan mucho margen para el optimismo: casi 6 millones de argentinos están en situación de mora con bancos o fintech, y el gobierno nacional decidió que ya es hora de hacer algo más que esperar que la economía se acomode sola.

Según trascendió, el Poder Ejecutivo está ultimando los detalles de un paquete de nuevas herramientas orientadas a mejorar la cobrabilidad de los préstamos otorgados por el sistema financiero formal, tanto la banca tradicional como las empresas de tecnología financiera que en los últimos años ganaron terreno entre los sectores de menores ingresos.

Hay un dato que el gobierno usa como señal de recuperación: en junio de 2026, los incumplimientos dejaron de crecer por primera vez en un año y medio. Es un freno, sí. Pero un freno no es una solución. La morosidad sigue en niveles que los propios técnicos del sector califican como históricamente altos, y eso tiene consecuencias concretas: menos crédito disponible, tasas más caras y un sistema que se cierra justo cuando más gente lo necesita.

¿Cuánto más puede aguantar el sistema financiero con este nivel de incumplimiento sin que eso se traslade en peores condiciones para los que sí pagan? Esa es la pregunta que circula en los pasillos del Banco Central y en las mesas de los principales bancos privados del país.

Las herramientas que se estudian apuntan a facilitar los procesos de recupero de deuda, agilizar los mecanismos judiciales y extrajudiciales, y posiblemente ampliar el acceso a información crediticia para que las entidades puedan evaluar mejor el riesgo antes de prestar. En el sector financiero rosarino, donde las fintech tienen una penetración importante entre trabajadores informales y jóvenes, el tema genera expectativa pero también cierta desconfianza: más herramientas de cobro pueden significar más presión sobre deudores que ya están al límite.

El contexto importa. La Argentina viene de años de caída del salario real, inflación que erosionó el poder de compra y un mercado laboral que no termina de estabilizarse. Muchos de esos 6 millones de morosos no son deudores crónicos ni estafadores: son personas que tomaron un crédito cuando podían pagarlo y dejaron de poder hacerlo cuando la situación se complicó. Eso no los exime de la deuda, pero sí obliga a pensar con más cuidado qué tipo de herramientas se habilitan y con qué límites.

Desde el sector bancario privado ya hay voces que piden mayor agilidad en los procesos de ejecución de garantías y acceso a registros de bienes más actualizados. Las fintech, por su parte, operan en un segmento donde las garantías son casi inexistentes y el riesgo se gestiona con datos alternativos: historial de pagos de servicios, comportamiento digital, referencias laborales. Para ellas, el problema es diferente y las soluciones también deberían serlo.

Lo que está claro es que el gobierno no puede seguir mirando de costado una situación que afecta a millones de familias y que empieza a poner en tensión la solidez del sistema crediticio. Si las herramientas que se habiliten son inteligentes, pueden ayudar a descomprimir. Si son solo un garrote para apurar a los deudores sin atender las causas del problema, el resultado puede ser peor que la enfermedad.