Murió Pascual Guerrieri, el represor que aterrorizó Rosario durante la dictadura

Lo que Pascual Oscar Guerrieri hizo en Rosario durante la última dictadura no se olvida, y no se va a olvidar. El represor murió el domingo pasado a los 91 años, mientras cumplía prisión domiciliaria, sin haber pisado una celda común en sus últimos años de vida. Se fue como vivió después de la democracia: con privilegios que sus víctimas jamás tuvieron.

Guerrieri fue uno de los máximos responsables del aparato represivo que operó en el sur santafesino entre 1976 y 1983. Su nombre quedó grabado a fuego en la historia negra de esta ciudad como uno de los artífices del terror sistemático que se desplegó desde los centros clandestinos de detención que funcionaron bajo su órbita. Secuestros, torturas, desapariciones: el circuito represivo rosarino tuvo en él a uno de sus engranajes más letales.

La noticia de su muerte generó reacciones encontradas en la ciudad. Para los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes que lo enfrentaron en los juicios, la muerte de Guerrieri cierra un capítulo pero no salda ninguna deuda. La memoria no muere con el represor. Para otros, su deceso en prisión domiciliaria a los 91 años es la prueba de que la Justicia argentina llegó tarde, demasiado tarde, y con demasiada comodidad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.

¿Cuántos años esperaron las familias de los desaparecidos para ver a Guerrieri sentado en el banquillo? Décadas. Y cuando finalmente llegaron las condenas, el sistema le permitió cumplir la pena en su casa, con el argumento de la edad y la salud. Una ironía brutal para quienes perdieron a sus seres queridos en los sótanos del horror que él contribuyó a construir.

Guerrieri acumuló múltiples condenas en los llamados juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en Rosario a partir de la reapertura de las causas, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003. Esos procesos judiciales, que llevaron años de trabajo de fiscales, querellantes y organismos de derechos humanos, pusieron en el centro de la escena a los responsables del terrorismo de Estado en el sur de Santa Fe y permitieron reconstruir parte de la maquinaria criminal que operó en la región.

El sur santafesino fue uno de los territorios más golpeados por la represión ilegal. Rosario, como ciudad industrial y con fuerte tradición sindical y política, fue un blanco prioritario para la dictadura. Los centros clandestinos que funcionaron en la zona —entre ellos el tristemente célebre Servicio de Informaciones, conocido como el SI, en pleno centro de la ciudad— fueron escenario de crímenes que todavía hoy siguen siendo investigados y juzgados.

La muerte de Guerrieri en prisión domiciliaria reabre, inevitablemente, el debate sobre cómo el Estado argentino gestiona el cumplimiento de penas para los condenados por crímenes de lesa humanidad. Un debate que no es nuevo pero que cada vez que muere uno de estos represores vuelve con toda su fuerza: ¿fue suficiente la condena? ¿Fue suficiente la prisión domiciliaria? Para las Madres, las Abuelas, los hijos y los sobrevivientes, la respuesta siempre fue la misma: nunca es suficiente, pero la Justicia era lo mínimo que se les debía.

Guerrieri se va con 91 años, habiendo vivido décadas en libertad después del fin de la dictadura, y sus últimos años en la comodidad relativa de su domicilio. Sus víctimas no tuvieron esa chance. Eso también es parte de la historia, y también hay que contarlo.