Nación adjudicó autopista a Córdoba y rutas 11, 19 y 34: peajes y tarifas en Santa Fe

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, adjudicó esta semana tramos de rutas nacionales en el marco de la denominada Etapa III de la Red Federal de Concesiones, el esquema mediante el cual el gobierno de Javier Milei transfiere al sector privado la intervención y el mantenimiento de la infraestructura vial, sin desembolso directo del Estado Nacional. Para la provincia de Santa Fe, el impacto es inmediato y concreto: están en juego la autopista Rosario-Córdoba y las rutas nacionales 11, 19 y 34, arterias fundamentales para la economía regional y para miles de trabajadores que las transitan a diario.

El modelo de concesión privada implica que las empresas adjudicatarias financiarán las obras y el mantenimiento a través del cobro de peajes, cuyas tarifas serán definidas en los contratos firmados con el Estado Nacional. En otras palabras: el que paga no es el gobierno, sino el camionero, el productor agropecuario, el colectivo de larga distancia, el trabajador que viaja entre ciudades. Una transferencia de costos que el oficialismo presenta como eficiencia pero que, mirada desde abajo, es un ajuste más sobre el bolsillo popular.

La autopista Rosario-Córdoba, una de las trazas más transitadas del país, conecta las dos ciudades más importantes del interior argentino y es columna vertebral del transporte de cargas del Mercosur. La Ruta Nacional 11, que corre paralela al Paraná hacia el norte, es vital para las comunidades del norte santafesino. La Ruta 19 une Santa Fe capital con San Francisco, en Córdoba, siendo un corredor productivo de primer orden. Y la Ruta 34 es la gran arteria que conecta el Gran Rosario con el norte del país, pasando por Sunchales, Rafaela y llegando hasta Jujuy.

Desde el gobierno nacional se insiste en que este esquema permite mejorar la infraestructura sin gastar reservas, en línea con el dogma del equilibrio fiscal que Caputo defiende a rajatabla. Pero los antecedentes de las concesiones viales en Argentina no son precisamente alentadores: décadas de peajes que subieron sin que las rutas mejoraran en la misma proporción, empresas que renegociaron contratos a su favor y usuarios que terminaron pagando más por menos.

El proceso de adjudicación se enmarca en una política más amplia del gobierno de La Libertad Avanza de reducir la presencia del Estado en la gestión de infraestructura, apostando al capital privado como motor de inversión. Una apuesta que tiene defensores entre los sectores empresariales pero que genera alarmas en los sindicatos de transporte, en las cámaras de pequeños y medianos transportistas y en los municipios que dependen de esas rutas para su desarrollo económico.

Para Rosario y su área metropolitana, la adjudicación de la autopista a Córdoba es especialmente sensible. El corredor Rosario-Córdoba es uno de los más rentables del país en términos de flujo vehicular, lo que lo convierte en un negocio atractivo para el concesionario pero también en un punto de presión tarifaria sobre los usuarios. Cualquier aumento en los peajes se traslada, tarde o temprano, al precio de los fletes y, en consecuencia, a la góndola del supermercado del barrio.

Aún resta conocer con precisión los nombres de todas las empresas ganadoras de cada tramo, los montos exactos de inversión comprometidos y, sobre todo, la escala de tarifas que regirá para los distintos tipos de vehículos. Esos datos serán determinantes para evaluar si esta concesión beneficia realmente a los santafesinos o si, como tantas veces en la historia reciente, el negocio queda para unos pocos y la cuenta la paga la mayoría.

Con información de: La Capital