Desde este sábado rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: cómo lo aplicará Santa Fe

Lo que durante años fue debate, proyecto y promesa electoral se convierte este sábado en realidad: desde las 0 horas rige en toda la Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, la reforma que baja de 16 a 14 años la edad mínima para que una persona pueda ser juzgada y condenada por un delito. En Santa Fe, las autoridades aseguran que no van a improvisar.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, salió a dar la cara y fue claro: la provincia no arranca de cero. Desde 2023, Santa Fe cuenta con un Código Procesal Penal Juvenil de corte acusatorio, una ley de ejecución penal específica y centros de tratamiento para adolescentes ya operativos. La infraestructura, dijo, está. Lo que no va a pasar —y acá Cococcioni fue honesto, algo que no siempre se ve en los funcionarios— es que el efecto disuasorio se sienta de un día para el otro.

"Los resultados van a ser progresivos", explicó el ministro. A medida que el sistema empiece a procesar, detener y condenar a chicos de 14 y 15 años involucrados en hechos de mediana y alta gravedad, recién ahí se podrá medir el impacto real de la norma. Prometerse milagros inmediatos sería, como mínimo, irresponsable.

¿Cómo funciona en la práctica? La respuesta judicial no es uniforme: depende de la gravedad del hecho. Para las infracciones leves, la Secretaría de Niñez sigue siendo la puerta de entrada, con medidas alternativas que evitan el encierro. Pero cuando el caso lo requiere, entra en juego el área de Justicia Penal Juvenil con un esquema de tres niveles que la provincia diseñó con cierta lógica progresiva.

El primer nivel es la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, para casos donde el encierro total no está justificado pero se necesita control. El segundo escalón son los Establecimientos de Puertas Abiertas (Espa), con atención de personal civil, pensados para situaciones intermedias. Y el nivel más alto, reservado para los delitos más graves y violentos, son los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj): régimen cerrado, sin contacto con la población adulta. Un punto este último que no es menor: mezclar adolescentes con adultos en el sistema penal es una de las recetas más probadas para fabricar delincuentes más peligrosos.

El debate sobre bajar la edad de punibilidad lleva décadas en Argentina y nunca fue sencillo. Hay quienes ven en esta reforma una respuesta necesaria frente al uso de menores por parte del crimen organizado —una realidad que en Rosario se vive con una crudeza particular desde hace años. Hay quienes advierten que criminalizar la adolescencia sin atacar las causas estructurales es, en el mejor de los casos, un parche. Probablemente ambos tengan parte de razón.

Lo concreto es que desde este sábado la ley cambió. Santa Fe dice estar lista. Ahora viene la parte difícil: demostrar que el sistema funciona, que los centros no se convierten en depósitos de pibes, y que la reforma sirve para algo más que para calmar la bronca social en el corto plazo. Eso no se resuelve con un decreto. Se resuelve con política pública sostenida, con presupuesto, con personal capacitado y con voluntad de dar seguimiento a cada caso. La cuenta regresiva ya terminó.