Régimen Penal Juvenil en Santa Fe: el Concejo de Rosario respaldó la aplicación

A casi dos semanas de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina, el debate llegó con fuerza al Concejo Municipal de Rosario. Este jueves, el cuerpo legislativo local expresó su respaldo a la respuesta que diseñó la provincia de Santa Fe para aplicar de manera inmediata la reforma, aunque la votación dejó en evidencia que no hay consenso total entre los ediles.

La discusión no es menor. Rosario es, desde hace años, una de las ciudades más golpeadas por la violencia protagonizada por menores vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Cualquier modificación en el régimen penal que regula la responsabilidad de los jóvenes en conflicto con la ley tiene impacto directo en la realidad cotidiana de los barrios de la ciudad.

El nuevo sistema reemplaza al viejo régimen instaurado por la ley 22.278, sancionada en plena dictadura militar y que rigió durante décadas con escasas modificaciones. La reforma, impulsada a nivel nacional, baja la edad de imputabilidad y establece un esquema de responsabilidad penal juvenil con penas diferenciadas según la gravedad del delito y la edad del infractor.

En Santa Fe, la respuesta del gobierno de Maximiliano Pullaro fue la de avanzar rápido. La provincia ya venía trabajando en la adecuación del sistema penal juvenil antes de que la norma nacional entrara en vigencia, y eso le dio cierta ventaja operativa respecto de otros distritos que quedaron a contramano. El Concejo rosarino, al respaldar esa postura provincial, manda una señal política clara: la institucionalidad santafesina va a la vanguardia en la materia.

Sin embargo, la falta de unanimidad en el recinto refleja tensiones que van más allá de lo técnico-jurídico. Sectores del progresismo y de la izquierda cuestionan que bajar la edad de imputabilidad sea una solución real al problema de la violencia juvenil, y advierten sobre los riesgos de criminalizar la pobreza. Del otro lado, concejales del oficialismo y de espacios de centro-derecha sostienen que la reforma era urgente y necesaria, y que Santa Fe no podía darse el lujo de esperar.

El debate en el Concejo también tuvo una dimensión simbólica importante: Rosario es la ciudad que más ha sufrido las consecuencias de tener menores de edad como ejecutores de crímenes vinculados al narco. Los casos de chicos de 14 o 15 años usados como sicarios no son una abstracción en esta ciudad; son una realidad documentada por fiscales, jueces y periodistas. Eso le da a la discusión local una urgencia que no tiene en otros municipios del país.

Desde la Legislatura provincial, en tanto, el tema también está en la agenda. La adecuación del sistema penal juvenil santafesino requiere no solo voluntad política sino también recursos: más jueces especializados, más centros de detención diferenciados para menores, más programas de reinserción. Ahí es donde la pelea con la Nación por fondos y coparticipación vuelve a aparecer como telón de fondo.

El respaldo del Concejo de Rosario, con sus matices y sus votos en contra, cierra una semana en la que el nuevo régimen penal juvenil dominó la agenda política santafesina. Lo que viene ahora es la prueba de fuego: cómo se aplica en la práctica, con qué recursos y con qué resultados concretos en las calles de una ciudad que lleva demasiados años esperando respuestas.