Olivosgate: Pagano denuncia corrupción y proveedor fantasma en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano volvió a sacudir el tablero político nacional este domingo con una nueva tanda de acusaciones bajo el rótulo de «Olivosgate», apuntando esta vez a un esquema de contrataciones que involucraría al entorno directo de la Secretaría General de la Presidencia y, por extensión, al círculo íntimo de Karina Milei.

El eje central de la denuncia gira en torno a la administración de la cocina de la Quinta Presidencial de Olivos, que según Pagano quedó bajo el control de Analía Agudiez, pareja del intendente de la residencia oficial y hermana de Belén Agudiez, colaboradora cercana de la secretaria general del Estado. La legisladora sostuvo que insumos adquiridos con fondos públicos estarían siendo desviados para abastecer un servicio privado de catering denominado «Pancitos Caseros», y reclamó explicaciones ante la Justicia.

Pero el dato más explosivo de la presentación es el del presunto proveedor fantasma: según la documentación que exhibió Pagano, la identidad de un jubilado sin patrimonio ni vivienda propia, domiciliado en un barrio carenciado, habría sido utilizada para figurar como proveedor oficial de la Presidencia y facturar montos que superarían los $600 millones. Si se confirma, estaríamos ante una maniobra clásica de testaferrato aplicada al corazón mismo del poder ejecutivo nacional.

Las irregularidades denunciadas no se limitan a la cocina. En materia de jardinería, Pagano señaló que el mantenimiento del predio fue adjudicado a Franco Castelli, identificado como socio de la familia Agudiez, mediante un procedimiento que ya tiene causa penal abierta: la CFP 2273/2026. En cuanto a movilidad y equipamiento, la diputada cuestionó la multiplicación de contrataciones de carritos de golf marca Melex y compras de aromatizantes de la marca Saphirus, rubros que difícilmente justifiquen volúmenes de gasto en una residencia presidencial.

El esquema se completaría, según la legisladora, con un sistema de comisiones del 3% sobre las contrataciones de la quinta, una metodología que Pagano vinculó con investigaciones previas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que sugeriría un patrón repetido en distintas reparticiones del Estado bajo la actual gestión.

Para cerrar el cuadro, Pagano denunció que, con el aparente objetivo de ocultar las irregularidades y el desvío de mercadería, se procedió a desplazar al personal civil de la residencia y a incrementar la presencia militar. «El presidente Javier Milei quedó aislado en una residencia que parece un cuartel», fueron las palabras textuales de la diputada, que resuenan con particular fuerza viniendo de una legisladora que integra el espacio oficialista.

La presentación formal por los delitos de peculado, fraude a la administración pública y lavado de dinero ya fue remitida a la Justicia federal. El expediente se suma a una causa preexistente que involucra las contrataciones de jardinería, lo que indica que el frente judicial para el entorno presidencial se va ampliando.

Desde la perspectiva de quien lleva décadas cubriendo política en Santa Fe, este tipo de escándalos en el corazón del poder nacional no son nuevos, pero sí resultan llamativos cuando emergen desde adentro del propio oficialismo. Pagano no es una opositora: es una diputada que llegó al Congreso con el sello libertario. Que sea ella quien lleve estas denuncias a la Justicia habla de fracturas internas que el gobierno de Milei todavía no logró contener.