Santa Fe: feministas exigen emergencia por violencia de género ante 46 femicidios

La Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe convocó para el jueves 5 de noviembre, a las 11 horas, una movilización frente a la explanada de la Legislatura en la capital provincial. El objetivo es exigir la declaración de la emergencia en violencia de género, un reclamo que se apoya en un relevamiento de MuMaLá que registra 46 mujeres y travestis asesinadas por motivos de género desde el inicio del año.

El relevamiento enumera nombres: María Celeste Santillán, María Itatí Yossen, Silvina Drago, Bárbara Aragón y Sophia Civarelli, con casos en Recreo, la ciudad de Santa Fe y Rosario. Para Natalia Peña, integrante de Anum y del Movimiento Evita, la cifra ya muestra la gravedad del problema.

Peña advirtió: “Es urgente la declaración de la emergencia”. Y agregó: “Si continuamos con este ritmo de femicidios, es posible que dupliquemos la cantidad de femicidios respecto del año pasado (en el que hubo 30)”. Según su lectura, Santa Fe tiene una de las tasas más altas del país: 2,1 por 100.000 habitantes, un valor que supera el doble del promedio nacional.

El debate legislativo ya está en marcha. La Comisión de Géneros, Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados elaboró un dictamen de minoría que unifica los proyectos 59768 y 60201 DB. El texto establece la emergencia en violencia de género por dos años y busca ser tratado en la sesión de mañana.

El proyecto 59768 fue presentado por Claudia Balagué, diputada por el Frente Amplio por la Soberanía. El 60201 DB lleva la firma de Lucila De Ponti, Sonia Martorano, Celia Arena y Alejandra Rodenas, del interbloque peronista. En paralelo, el Ejecutivo provincial ingresó otro proyecto vía Senado que ya tiene media sanción de la Cámara Alta.

Para Peña, el proyecto del Ejecutivo tiene “una mirada más punitivista y ligada a la violencia familiar y no de género”. En cambio, la declaración de emergencia que impulsan las organizaciones se apoya en dos pilares: uno económico y otro político. El primero busca agilizar partidas presupuestarias y ampliar recursos para organizaciones y entidades que atienden la violencia.

“Eso es clave porque sin recursos, tanto económicos como humanos y materiales es imposible llevar a cabo prácticas de prevención de la violencia de género y mucho menos de acompañamiento”, sostiene Peña. El segundo pilar apunta a un mensaje institucional: que la vida de las mujeres y las diversidades importa, frente a lo que la dirigente describe como mensajes discriminatorios del gobierno nacional.

La dirigente también criticó al Estado nacional por haber cerrado el INADI y eliminado políticas de prevención y erradicación de la violencia de género. El texto señala que desde 1987 Argentina no cuenta con un organismo específico para abordar la problemática. A eso suma la pauperización cotidiana: falta de salarios dignos, de medicamentos para adultos mayores y de trabajo.

La convocatoria no es solo de Anum. Peña señaló que el reclamo se extiende a otras organizaciones de la provincia y de ciudades como Rosario, Esperanza y Coronda. En ese marco, la movilización del jueves busca presionar para que la Legislatura provincial declare la emergencia y defina con claridad el rol del Estado frente a los femicidios.