Femicidios en Santa Fe: organizaciones exigen Ley de Emergencia en Violencia de Género

Los números no mienten y tampoco admiten eufemismos: 32 femi/transfemicidios y 62 intentos de femicidio en la provincia de Santa Fe entre enero y el 18 de agosto de 2026. Con esa estadística brutal como bandera, la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe, junto a Mumalá y un conjunto de organizaciones sindicales y sociales de la capital provincial, salieron a exigir la declaración de la Ley de Emergencia en Violencia de Género, tanto a nivel provincial como nacional.

«Nuestras vidas están en emergencia. Exigimos la urgente declaración de la Emergencia en Violencias de Género en Santa Fe y a nivel nacional», sostienen las organizaciones en un documento conjunto. El reclamo no es nuevo, pero la acumulación de casos le da una urgencia que resulta difícil ignorar.

El panorama nacional no es menos alarmante. Según el Observatorio «Ahora que sí nos ven», entre enero y agosto de 2026 se registraron en Argentina 142 femicidios, 18 femicidios vinculados, 7 casos de instigación al suicidio y 6 transfemicidios o travesticidios. En total, 173 víctimas en ocho meses. El dato más escalofriante del relevamiento: una víctima letal cada 34 horas. La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking con 52 casos; Santa Fe ocupa el segundo lugar con 27.

Las organizaciones apuntan directamente al vaciamiento institucional como factor agravante. A nivel nacional, el gobierno de La Libertad Avanza cerró el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, dejando a Argentina —por primera vez desde 1987— sin un organismo específico que articule políticas contra la violencia de género. En Santa Fe, la degradación del Ministerio a Secretaría de Género se tradujo en menores partidas presupuestarias para estas políticas.

Alejandra García, militante de la Campaña por la Emergencia en Violencia de Género e integrante de la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe capital, describe un escenario de asistencia mínima. «La única política a nivel provincial es el Programa Acompañares. Es una ayuda económica por única vez y es muy difícil acceder. Las organizaciones tenemos que ir y pelear a la Secretaría de Género para que le den esta ayuda a las mujeres. Y generalmente también se revictimiza a las víctimas en este proceso», señaló en diálogo con El Ciudadano.

García también cuestionó el funcionamiento de los fortalecimientos de áreas de género en comunas y municipios: «No funcionan y no están pudiendo abarcar todas las situaciones y las problemáticas que hay en torno a la violencia de género». A nivel nacional, el único programa que sobrevivió al recorte es el Programa Acompañar, que otorga asistencia económica por seis meses pero exige, entre otros requisitos, que la mujer realice una denuncia formal. La militante lo pone en perspectiva con una pregunta que incomoda: «Una mujer que vive con el violento tiene que hacer una denuncia y además, si está con niñeces, ¿qué hace? ¿Adónde va esa mujer con sus hijos para salir de la casa del violento?».

Declarar la emergencia en violencia de género implica, en términos concretos, que el Estado reconoce la problemática como prioritaria y le asigna presupuesto específico y políticas sostenidas. Las organizaciones reclaman partidas «acordes a la magnitud del problema, de rápida ejecución, con políticas integrales, sostenidas y con presencia territorial, que garanticen prevención, asistencia, protección y reparación» para quienes atraviesan situaciones de violencia.

El debate de fondo es el de siempre: cuánto Estado se necesita y en qué forma. Lo que los datos muestran, con una claridad que no admite demasiada discusión ideológica, es que el sistema actual —sea cual sea su configuración— no está dando respuesta a una crisis que cobra una vida cada día y medio en Argentina.