Paro portuario en Rosario: intiman a 536 prácticos y crece la tensión en el Gran Rosario

La tensión en los puertos del Gran Rosario escaló este martes cuando la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó formalmente a 536 prácticos y pilotos a retomar sus funciones de manera inmediata, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias y eventuales denuncias penales. La medida quedó oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, con un anexo de 20 páginas que lista a cada uno de los profesionales alcanzados.

El documento ordena la "inmediata puesta a disposición de servicios" y advierte que quienes no acaten la intimación podrán ser sancionados por falta grave. Más aún: la Prefectura señaló que sostener la interrupción del servicio podría encuadrarse en los artículos 190 y 194 del Código Penal, que contemplan penas para quienes pongan en riesgo la seguridad de la navegación o entorpezcan el funcionamiento del transporte. El mensaje del Estado nacional es claro: el paro no es una opción.

El conflicto tiene origen en el Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional, que modificó un régimen que se mantenía prácticamente intacto desde 1991. La nueva normativa crea un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales, habilita la libre elección de prestadores y faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a fijar tarifas máximas. En otras palabras: desregulación pura y dura en un sector que durante décadas funcionó como un oligopolio cerrado.

Los trabajadores, que resolvieron el paro por tiempo indeterminado tras la entrada en vigencia del decreto, exigen que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue la norma. Mientras tanto, dejaron de asistir a los buques que ingresan o salen de los puertos argentinos, con consecuencias que ya se sienten con fuerza en la principal hidrovía del país.

Según datos del Centro de Navegación (CNAV), entidad que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, alrededor de 140 buques permanecen a la espera de confirmación del servicio de practicaje. El impacto es especialmente severo sobre las terminales agroexportadoras del Gran Rosario, el complejo portuario más importante de Sudamérica en volumen de granos, donde se procesa cerca del 80% de las exportaciones de soja y sus derivados.

El CNAV fue precisamente quien, un día antes de la intimación de la Prefectura, solicitó formalmente la intervención de la ANPYN y de la propia Prefectura para destrabar el conflicto. La presión del sector privado sobre el Estado para que actúe fue inmediata y contundente.

Las consecuencias ya trascienden las fronteras argentinas: se registraron desvíos de operaciones hacia Montevideo y puertos del sur de Brasil, mientras las cámaras empresarias advierten sobre pérdidas económicas crecientes e inconvenientes en el abastecimiento de combustibles. Cada día que pasa sin practicaje operativo es un día de divisas que no ingresan, de exportaciones que se demoran y de costos logísticos que se disparan.

El escenario pone a prueba la firmeza del Gobierno nacional. La desregulación del practicaje es exactamente el tipo de reforma estructural que el modelo libertario viene impulsando en todos los sectores: romper los monopolios corporativos, abrir la competencia y bajar costos para el comercio exterior. Que un grupo de profesionales —habilitados por el Estado y con funciones esenciales— pueda vetar una política pública mediante un paro es, precisamente, el tipo de poder de veto que la administración Milei se propuso desmantelar. La intimación de la Prefectura es la respuesta lógica a esa lógica.