Patentes adulteradas en Rosario: proponen que los vehículos vayan al corralón

Doblar la chapa, taparla con barro, cubrirla con una funda opaca o directamente arrancarla. Son maniobras que cualquier inspector de tránsito de Rosario conoce de memoria, y que hasta ahora quedaban en una zona gris: la normativa vigente no les permitía remitir esos vehículos al corralón. Un proyecto de ordenanza presentado esta semana busca cerrar esa puerta.

La concejala Carolina Labayru impulsó la iniciativa tras reuniones con agentes municipales que le describieron las trabas que enfrentan a diario en los operativos. La propuesta modifica el Código de Tránsito y el Código de Convivencia Ciudadana de Rosario para habilitar la remisión al corralón de cualquier vehículo —en circulación o estacionado— que presente chapas patentes ausentes, adulteradas, ocultas, ilegibles o colocadas de manera antirreglamentaria.

La edila fue directa al explicar el problema: «Hay una grieta en la ordenanza que algunos vivos aprovechan para esquivar los controles. Nuestro trabajo es cerrar esas grietas para que las reglas valgan para todos». Una frase que suena simple pero que describe una realidad que se repite en cada esquina con cámara de la ciudad.

Porque acá está el punto que va más allá de una infracción de tránsito: las cámaras de videovigilancia son uno de los pilares del sistema de seguridad urbana. Si un vehículo involucrado en un robo, una persecución o un homicidio circula con la patente tapada, el sistema queda ciego. No es una avivada menor. Es una herramienta de impunidad.

«Una patente adulterada no sólo dificulta un control de tránsito. También impide que las cámaras puedan identificar un vehículo cuando comete una infracción o cuando puede estar vinculado a un hecho delictivo. Fortalecer los controles también es fortalecer la seguridad», sostuvo Labayru.

El proyecto no es un palo ciego: distingue entre quien tiene la patente deteriorada por el paso del tiempo o acredita un extravío, y quien deliberadamente la adultera para no ser identificado. Esa diferenciación es clave para que la norma sea justa y no genere abusos. Para los primeros, el régimen sería más flexible. Para los segundos, sanciones más severas y el corralón como destino inmediato.

¿Cuántos vehículos circulan hoy en Rosario con patentes manipuladas? No hay cifras oficiales, pero cualquier vecino que maneje por la ciudad sabe que no es un fenómeno marginal. Los inspectores lo ven todos los días y hasta ahora no podían hacer nada concreto más allá de labrar un acta.

Labayru encuadró la iniciativa en un debate más amplio sobre la cultura ciudadana: «Durante mucho tiempo naturalizamos las avivadas. Yo creo exactamente lo contrario: el que hace las cosas bien tiene que sentirse respaldado por el Estado. Recuperar una cultura de respeto por las normas también es una forma de construir una ciudad más segura». Una posición que, guste o no, tiene lógica: si el Estado no puede identificar un auto, tampoco puede cobrarle una multa, rastrearlo en un delito ni saber quién lo maneja.

El proyecto deberá pasar por las comisiones del Concejo Municipal de Rosario antes de convertirse en ordenanza. Si prospera, los inspectores tendrán por primera vez una herramienta concreta para actuar frente a una práctica que hoy se hace con total impunidad en plena vía pública.