Gobierno aceptaría cambios de aliados para aprobar Ley Malvinas pese a presiones

El Gobierno aceptaría las exigencias de los aliados para aprobar la Ley Malvinas, pese a las presiones de Estados Unidos. La información surgió tras la reunión que mantuvieron Santiago Caputo y María Ibarzabal con la diputada Silvina Giudici y el secretario parlamentario Adrián Pagán, cercano a Martín Menem.

El encuentro fue informado este sábado por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien a través de su cuenta en X confirmó que se recibieron aportes de diputados del PRO, del MID y del peronismo. No mencionó a la UCR, aunque Clarín pudo averiguar que también hubo sugerencias de la mendocina Pamela Verasay y de los provinciales.

“Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta Ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos”, destacó Ravier en sintonía con lo manifestado por el presidente Javier Milei, quien en la reunión de la Fundación Faro transmitió que las islas van a volver a ser argentinas.

Lo cierto es que el proyecto Malvinas tensionó la interna del Gobierno y alteró tanto a Caputo como al Presidente cuando se informó sobre las presiones de Estados Unidos para que la iniciativa no afecte a las empresas norteamericanas. Incluso, en el Congreso circuló una versión que anticipaba una decisión de congelar la iniciativa ante la insistente preocupación del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, sobre el impacto que tendría la norma en las inversiones norteamericanas.

La preocupación de Washington tiene que ver con las penalidades propuestas en el proyecto oficialista que alcanzan no sólo a las firmas que operan en Malvinas sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas. Pese a las presiones de Estados Unidos, el Gobierno está decidido a avanzar con la propuesta, cuyo tratamiento continuará la próxima semana en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores.

La idea de la Casa Rosada es alzarse con el dictamen de mayoría. Para eso, Caputo habría aceptado todas las exigencias de los dialoguistas, aunque la redacción final se definirá en la reunión del martes. Y en este sentido hubo cambios que llamaron la atención como la incorporación del Ministerio de Seguridad al proyectado Consejo de Seguridad como miembro permanente.

De esta manera se intenta que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo. En el texto original, el Consejo sólo incluía al Presidente, al canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. En el Congreso, distintas fuentes parlamentarias vincularon la exclusión de la cartera de Seguridad, a las tensiones internas que existen entre un sector del Gobierno y Patricia Bullrich, ex titular del área.

Otro de los cambios que estaría dispuesto a aceptar el Gobierno es la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control del propuesto Consejo de Seguridad. En rigor, esta propuesta ya había sido planteada por Ibarzabal cuando los diputados reclamaron la participación del parlamento. Sin embargo, uno de los puntos que aún no está claro cómo se definirá tiene que ver con las llamadas infraestructuras críticas.

El Gobierno analiza redefinir el texto. En el original se hace referencia a aquellas instalaciones, redes, sistemas, servicios y activos, tanto públicos como privados, cuya interrupción o destrucción pueda afectar de manera significativa la seguridad, la defensa, la salud, la economía, los servicios esenciales o el funcionamiento del Estado. La polémica muestra que la Ley Malvinas no es solo de soberanía, sino de inversión, seguridad y gobierno interno.