Camiones más pesados en rutas nacionales: el decreto que genera polémica en Santa Fe

El Gobierno nacional acaba de encender un debate que mezcla eficiencia económica con infraestructura en ruinas: mediante el Decreto 689/2026, habilitó la circulación de camiones más pesados y de mayor dimensión en las rutas nacionales, con el argumento de reducir costos logísticos y modernizar el transporte terrestre. La medida tiene impacto directo en Santa Fe, una de las provincias con mayor tráfico de cargas del país.

Entre los cambios más relevantes, la normativa fija una longitud máxima de 19,60 metros para camiones con semirremolque simple. Para los bitrenes de doble articulación, las dimensiones permitidas escalan según la configuración: 23,40, 26,50 y hasta 31,25 metros. Además, se incrementan los pesos autorizados por eje, dentro de los límites de resistencia técnica establecidos para cada configuración.

El decreto también incorpora criterios específicos para vehículos con tecnologías alternativas. Los camiones impulsados por GNC dedicado podrán usar neumáticos súper anchos para compensar el peso del equipamiento adicional. La normativa extiende criterios similares a unidades híbridas y eléctricas, con el objetivo declarado de facilitar la incorporación de flotas de menor impacto ambiental y acompañar el crecimiento de la oferta de gas de Vaca Muerta.

El respaldo político vino del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos del proceso de desregulación que impulsa la gestión Milei. "Teníamos el absurdo de tener camiones que pudiendo cargar más no podían hacerlo porque la norma, obsoleta, lo prohibía", disparó el funcionario, sintetizando la lógica detrás de la medida. La reforma también le otorga nuevas facultades a la Secretaría de Transporte para actualizar la reglamentación técnica de manera dinámica, sin necesidad de pasar por el Congreso cada vez que el sector lo requiera.

La racionalidad económica de la medida es difícil de discutir: Argentina tiene uno de los costos logísticos más altos de la región, y acercar la legislación a los estándares de Brasil —donde los bitrenes de gran porte circulan hace años— es una demanda histórica del sector transportista. Menos viajes para mover la misma cantidad de mercadería significa menos combustible, menos horas de conductor y menos desgaste de flota. En un país que mueve por camión el grueso de su producción agropecuaria e industrial, eso no es un detalle menor.

Pero el timing de la medida genera una contradicción que es imposible ignorar. En las últimas horas, la Justicia federal ordenó al Gobierno nacional la reparación inmediata de las rutas 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, al sur de Santa Fe, tras acreditar el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento. Es decir: el Estado habilita cargas más pesadas sobre rutas que un juez acaba de declarar en estado crítico.

La situación no es exclusiva de Santa Fe. Distintos gobiernos provinciales, transportistas y usuarios vienen denunciando baches, calzadas deterioradas, falta de señalización y banquinas en mal estado en todo el país. En Río Negro, la situación llegó a la Justicia con una demanda contra el Estado nacional por el estado de las rutas 22, 23, 40 y 151. El denominador común es la fuerte caída en la inversión en obras y mantenimiento vial durante la gestión de Javier Milei, en un contexto donde el equilibrio fiscal fue la prioridad absoluta y la obra pública el principal ajuste.

El interrogante que queda flotando es técnico pero también político: ¿tiene sentido habilitar vehículos más pesados sobre una red vial que ya está cediendo bajo las cargas actuales? Los ingenieros viales advierten desde hace años que el daño que produce un camión sobre el asfalto crece de manera exponencial con el peso por eje, no de forma lineal. Más toneladas sobre rutas ya deterioradas puede acelerar un proceso de degradación que el Estado, por ahora, no muestra capacidad ni voluntad de revertir.

El Gobierno apuesta a que la desregulación y la eficiencia privada compensen las restricciones fiscales. La Justicia, mientras tanto, le recuerda que hay obligaciones que no se pueden tercerizar ni diferir.