Quiso coimear a policías cerca del Hospital Regional Sur de Rosario y terminó preso

Lo que pasó en los alrededores del Hospital Regional Sur la noche del 8 de julio resume, en un solo episodio, todo lo que está mal en esa zona: un presunto soldadito narco se acercó a dos policías, les ofreció $100 mil para que apagaran el patrullero y se fueran, y cuando lo rechazaron los amenazó con tirotearles el móvil porque, según él, les estaban "estorbando a los clientes". Así de descarado. Así de naturalizado.

El imputado es Juan Ezequiel F., de 28 años, que fue detenido tras una breve persecución en la intersección de Heliotropo y un pasaje sin nombre, pegado al perímetro externo del hospital inconcluso. La fiscal Josefina Bertotto lo imputó este sábado por cohecho y amenazas coactivas, y la jueza Verónica Lamas González hizo lugar al pedido: 60 días de prisión preventiva efectiva.

Según el acta policial que sostiene la imputación, Fernández y otro hombre que todavía no fue identificado se acercaron a los dos suboficiales que hacían prevención en el lugar. La propuesta fue directa: plata a cambio de que se retiraran y apagaran las luces. Cuando los uniformados dijeron que no, la cosa escaló rápido. Los sospechosos advirtieron que si seguían ahí les iban a disparar al patrullero. Fernández se tomó la cintura e hizo gestos como si portara un arma. No alcanzó para más: lo redujeron y lo detuvieron. Durante la requisa le encontraron $120.900 en efectivo.

Pero la historia no terminó ahí. Incluso ya detenido, continuó amenazando al personal policial, asegurando que les dispararía cuando recuperara la libertad. Una fanfarronada que le costó cara ante la jueza.

¿Qué hace que un tipo se anime a tanto? El contexto ayuda a entenderlo. El Hospital Regional Sur es una obra que arrancó en 2011 y que en 15 años nunca se terminó. Alrededor del edificio abandonado creció un asentamiento precario conocido como Ciudad Perdida, habitado mayormente por carreros y cirujas, pero también tomado por bandas de narcomenudeo que convirtieron el lugar en territorio de disputa. En mayo de este año, el gobierno de Santa Fe anunció que se retomarían las obras, aunque el anuncio todavía no se tradujo en presencia real sobre el terreno.

Los antecedentes de violencia en la zona son brutales. El 23 de diciembre pasado, tres personas fueron ejecutadas a balazos en un camino de tierra del asentamiento: Juan Pablo Enríquez, Érica Tamara Ayala y Sergio Fabio Roldán, los tres de 34 y 36 años. Un cuarto hombre sobrevivió gravemente herido. La investigación apunta a que los atacantes buscaban "quemar" una plaza de venta rival. Meses antes, el 29 de octubre, una balacera contra un búnker a pocos metros del hospital mató a Daniela Salva, de 34 años, e hirió a una mujer y a un adolescente de 15.

En ese escenario, los policías que rechazaron la coima no hicieron otra cosa que su trabajo. Pero la pregunta que queda flotando es incómoda: ¿cuántos otros episodios similares no terminan en acta ni en imputación? El saqueo hormiga que devastó el hospital durante años, la consolidación de los búnkeres, el triple crimen de diciembre: todo ocurrió a la vista. La detención de Fernández es un dato positivo, pero no alcanza para tapar el agujero que dejaron 15 años de desidia institucional en uno de los barrios más castigados de Rosario.