Presupuesto 2027: qué cambia para jubilados, empleados públicos y beneficiarios de Anses

El Presupuesto 2027 ya está en el Congreso y, como siempre, el diablo está en los detalles. El proyecto enviado por el Ejecutivo contempla un aumento de casi 30% en las prestaciones de la seguridad social, proyecta una inflación del 18% anual para el año próximo y ratifica, sin vueltas, la estrategia de achicamiento del Estado que viene sosteniendo la gestión. Tres grupos van a sentir esto en el bolsillo más que nadie: los jubilados, los empleados públicos y los beneficiarios de Anses.

Empecemos por lo que suena bien. Un aumento del 30% en las prestaciones previsionales parece una buena noticia sobre el papel. Pero hay que hacer la cuenta que el Gobierno prefiere no hacer en voz alta: si la inflación proyectada es del 18%, la mejora real sería de alrededor de 12 puntos porcentuales. No es nada despreciable, pero tampoco es la recuperación histórica que muchos jubilados esperan después de años de licuación sistemática de sus haberes. La pregunta que se impone sola es si ese 18% de inflación es un número serio o un deseo optimista. La historia reciente de las proyecciones oficiales invita, cuanto menos, al escepticismo.

Para los empleados públicos nacionales, el panorama es más opaco. La estrategia de reducción del Estado que ratifica el presupuesto implica que no habrá expansión de la planta, y las paritarias del sector deberán negociarse en un marco donde el techo fiscal ya está dibujado. Quien espere recomposición salarial generosa en el Estado nacional en 2027 probablemente se lleve una decepción. El mensaje del Ejecutivo es claro: el ajuste no terminó, se institucionalizó.

En cuanto a los beneficiarios de Anses —que incluyen desde titulares de la Asignación Universal por Hijo hasta quienes cobran pensiones no contributivas— el presupuesto los ata directamente a la evolución de las prestaciones previsionales. Si el índice de movilidad funciona como está previsto y la inflación no se dispara por encima del techo oficial, podrían ver una mejora real. Pero ese "si" carga con mucho peso histórico.

Lo que el proyecto deja en claro es la hoja de ruta ideológica del Gobierno: menos Estado, más mercado, y una apuesta fuerte a que la desinflación se consolide. Si esa apuesta sale bien, los números del presupuesto tienen sentido. Si la inflación supera el 18% proyectado —como viene ocurriendo con casi todas las proyecciones oficiales de los últimos años— los aumentos del 30% en seguridad social se licúan y volvemos al punto de partida: jubilados perdiendo contra la inflación, empleados públicos ajustándose el cinturón y beneficiarios de Anses corriendo de atrás.

El Congreso tiene ahora la pelota. La discusión presupuestaria será, como siempre, el termómetro real de la correlación de fuerzas políticas. Y los que más tienen para ganar o perder en esa negociación son, precisamente, los que menos poder de lobby tienen: los jubilados que cobran la mínima, los trabajadores estatales de las provincias y los beneficiarios de programas sociales. Que nadie se distraiga con los números grandes: lo que importa es qué pasa con esos sectores cuando el papel se convierte en realidad.