Rosario: feministas protestan contra proyecto de Losada sobre falsas denuncias

Las escalinatas de Tribunales Provinciales fueron escenario de una protesta que no pasó desapercibida. Decenas de mujeres se plantaron este jueves frente al edificio de Balcarce y Pellegrini para rechazar de plano el proyecto de ley de la senadora nacional Carolina Losada sobre falsas denuncias en disputas familiares.

La Asamblea Lesbotransfeminista, que nuclea a distintos colectivos de la ciudad, llegó con pancartas y una imagen que no se olvida fácil: bocas tapadas con cintas como símbolo del silencio que, según denuncian, este tipo de legislaciones impone a las víctimas.

"Ya hoy es muy difícil denunciar", disparó Lucrecia Aranda, feminista y exlegisladora, desde el lugar. Y tiró un dato que duele: según encuestas oficiales de 2017, nueve de cada diez personas que sufrieron violencia en la niñez o adolescencia nunca denunciaron por desconfianza en el sistema y temor a la revictimización.

¿Pero qué es lo que realmente está pasando? Aranda fue al hueso: "Mientras la senadora Losada hace proyectos para las falsas denuncias, acá lo que pasa en realidad es que faltan denuncias y que las pocas denuncias que se hacen no llegan a sentencia condenatoria".

Las manifestantes apuntaron directo contra la carga de la prueba que siempre recae en las víctimas. "A un nene pequeño se le hacen múltiples entrevistas y a la madre decenas de test psicológicos", cuestionó la profesional, marcando una realidad que conoce de cerca.

La protesta también buscó solidarizarse con profesionales de la salud mental, abogadas y médicas forenses que actualmente se encuentran denunciadas. No es casual: en Rosario recientemente salieron a la luz acusaciones contra tres psicólogas por supuestamente fraguar peritajes para obstruir vínculos familiares.

"La Justicia carece de perspectiva y no cuenta con equipos interdisciplinarios suficientemente entrenados", dispararon las manifestantes, que ven en el proyecto de Losada una amenaza directa a quienes trabajan en la contención de niños y niñas.

Las organizaciones también enmarcaron este escenario en las políticas del gobierno nacional, al que acusaron de ir contra los derechos de los movimientos de diversidades, mujeres y personas con discapacidad.

La pregunta que queda flotando es clara: ¿realmente necesitamos endurecer penas cuando el problema parece ser exactamente el opuesto? En una ciudad donde los casos de violencia familiar no paran de crecer, la respuesta de estas mujeres fue contundente: más protección, no más silencio.