Protesta en Tribunales de Rosario contra proyecto que endurece penas por falsas denuncias

La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario convocó a una concentración para este jueves 23 de abril a las 10 horas en las escalinatas de los tribunales provinciales (Balcarce y Pellegrini) para rechazar el proyecto de ley que endurece las penas por falsas denuncias cuando involucren violencia de género o abuso sexual.

El reclamo surge en respuesta al proyecto de la senadora Carolina Losada, que ya obtuvo dictamen favorable de comisión y busca aumentar las sanciones por denuncias falsas en casos de violencia de género, abuso sexual o que involucren menores de edad.

Lucrecia Aranda, en representación de la Asamblea, denunció que la iniciativa tiene "un único y claro objetivo: amedrentar a las víctimas de violencia sexual y de violencia de género". Según su análisis, se trata de "un enorme retroceso cultural" que busca instalar la idea de que las denuncias por estos delitos son falsas.

La dirigente feminista contextualizó el debate recordando que en Argentina muere una mujer por día por femicidio, mientras que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 11 varones sufrió algún tipo de violencia sexual durante su infancia o adolescencia. "Buscan callar a las mujeres y buscan impunidad porque los delitos contra la integridad sexual muchas veces tocan a los poderosos", sostuvo.

En respaldo a su posición, Aranda citó un comunicado del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y el Consejo Federal de Política Criminal, que sostiene que "la instalación de una supuesta epidemia de falsas denuncias carece de sustento empírico y genera efectos regresivos".

Los datos oficiales del Ministerio Público de la Acusación revelan que en 2025 ingresaron 4.984 denuncias por delitos contra la integridad sexual en Santa Fe, de las cuales 3.683 avanzaron a investigación penal preparatoria. Sin embargo, solo el 7,1% terminó en condena.

"No se condena por los estándares probatorios que exige el sistema penal. Este tipo de situaciones pasan en el más oscuro de los secretos. Ningún abusador lo hace en público", explicó Aranda, quien también señaló las amenazas constantes sobre las víctimas y la relación desigual de poder que caracteriza estos casos.

La referente cuestionó la lógica del proyecto: "Es absurdo imaginar a 5.000 madres manipulando a sus hijos para atravesar una situación tan compleja como un proceso penal donde sólo el 7,1% de las denuncias llega a una condena".

Una encuesta del Indec de 2017 refuerza estos argumentos: 9 de cada 10 personas que sufrió violencia sexual no la denunció por desconfianza en el sistema judicial. Aranda criticó además los tiempos de investigación, señalando que las entrevistas en cámara Gesell pueden extenderse hasta 8 o 10 meses, complicando aún más el proceso para los menores víctimas.