Pullaro endurece la política penitenciaria en Santa Fe: nuevas cárceles y presos fuera de comisarías

El gobierno de Santa Fe dio un paso concreto en su política de seguridad: desde la semana pasada avanza en la inauguración de nueva infraestructura carcelaria y en el vaciado sistemático de comisarías que funcionaban como depósitos improvisados de detenidos. La señal política es clara y el gobernador Maximiliano Pullaro no la disimula.

El hito más visible de esta nueva etapa fue la apertura de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo, una localidad ubicada a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. La nueva cárcel amplía la capacidad del sistema penitenciario provincial, históricamente colapsado, y permite alojar a detenidos que hasta ahora permanecían en dependencias policiales en condiciones cuestionadas tanto por organismos de derechos humanos como por las propias fuerzas de seguridad.

En paralelo, el Ejecutivo provincial aceleró el traslado de presos desde comisarías hacia distintas unidades carcelarias de la provincia. Esta medida responde a una demanda histórica de las fuerzas policiales, que señalan que custodiar detenidos en seccionales distrae personal y recursos que deberían estar en la calle. Tener a un preso en una comisaría implica destinar efectivos a su custodia las 24 horas, un costo operativo que ningún jefe policial defiende.

El discurso de Pullaro acompaña la acción con una retórica que apunta directamente al corazón del debate sobre seguridad en Argentina. El gobernador santafesino viene sosteniendo que su gestión busca "terminar con el garantismo bobo", una expresión que en el contexto político actual resuena con fuerza y que lo alinea con una corriente de opinión pública que exige mayor dureza frente al crimen organizado, especialmente en el Gran Rosario.

Santa Fe es, desde hace años, una de las provincias con mayor tasa de homicidios del país. Rosario, su ciudad más poblada, atravesó una crisis de seguridad severa que tuvo su pico entre 2022 y 2023, con récords de muertes vinculadas al narcotráfico y disputas entre bandas. Ese contexto empujó a los sucesivos gobiernos provinciales a priorizar la agenda de seguridad por encima de casi cualquier otra política pública.

La decisión de invertir en infraestructura carcelaria tiene una lógica que va más allá del discurso: sin plazas disponibles en el sistema penitenciario, los jueces se ven presionados a otorgar excarcelaciones o prisiones domiciliarias que la opinión pública percibe como impunidad. Más cárceles, en ese esquema, equivale a más capacidad real de encerrar a quienes el sistema judicial condena o procesa.

Pullaro, que asumió en diciembre de 2023 con la seguridad como eje central de su plataforma, viene ejecutando una política que combina presencia policial en las calles, acuerdos con el gobierno nacional para el despliegue de fuerzas federales y ahora la expansión del sistema penitenciario. La inauguración de Recreo es, en ese sentido, un mensaje hacia adentro de la coalición gobernante y hacia la ciudadanía: el Estado provincial tiene capacidad de encerrar y lo va a usar.

El desafío que enfrenta esta política es doble. Por un lado, la sobrepoblación carcelaria es un problema estructural que no se resuelve solo con más plazas si el flujo de ingresos al sistema supera la capacidad de construcción. Por otro, la calidad de las condiciones de detención en las nuevas unidades será observada de cerca por organismos judiciales y de derechos humanos que tienen facultades para intervenir si se detectan situaciones de hacinamiento o maltrato.

Por ahora, el gobierno santafesino apuesta a que la imagen de firmeza rinda frutos tanto en términos de seguridad real como de capital político. En un país donde la demanda de orden es creciente, Pullaro parece haber encontrado un terreno fértil para diferenciarse.