Pullaro llevó el conflicto previsional a la Corte Suprema nacional contra el tribunal de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe decidió subir la apuesta. En un movimiento que pocos esperaban con esta velocidad, la administración de Maximiliano Pullaro llevó el conflicto previsional directamente a la Corte Suprema de la Nación, buscando que sea el máximo tribunal del país el que resuelva si los jueces provinciales pueden o no fallar sobre una ley que los toca de cerca.

El planteo es tan simple como polémico: los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe no deberían intervenir en el análisis de la reforma previsional que rige desde 2024 porque tendrían intereses cruzados en el resultado. Dicho en criollo: serían juez y parte. Y si hay algo que el gobierno de Pullaro no está dispuesto a tolerar, es que quienes se benefician de un sistema fallen sobre ese mismo sistema.

La recusación a los jueces del máximo tribunal local no es una jugada nueva, pero llevarla ante la Corte nacional sí marca un salto cualitativo en la disputa. Significa que el Ejecutivo provincial agotó —o decidió no esperar— las instancias locales y fue directo al árbitro más alto del sistema judicial argentino. Una señal política tan clara como el conflicto que la origina.

¿De qué se trata la reforma previsional en cuestión? La ley sancionada y aplicada desde 2024 modificó el régimen jubilatorio de los empleados públicos provinciales, incluyendo —y aquí está el nudo del problema— a los propios magistrados del Poder Judicial. Eso es lo que el gobierno de Santa Fe señala como el conflicto de interés que inhabilitaría a los jueces para pronunciarse sobre su constitucionalidad.

La movida de Pullaro no es solo jurídica. Es también una declaración de intenciones hacia la ciudadanía santafesina: el gobierno no va a dejar que el Poder Judicial provincial se auto-exceptúe de las reglas que aplican para el resto de los trabajadores del Estado. Si la reforma es válida para un empleado de la administración pública, debería serlo también para un ministro de la Corte. Esa es la lógica que el Ejecutivo lleva ahora a Buenos Aires.

Lo que viene es incierto. La Corte Suprema de la Nación deberá decidir si acepta intervenir en este planteo y, de hacerlo, si hace lugar a la recusación. El resultado podría determinar si la reforma previsional santafesina sobrevive o cae ante un tribunal que, en principio, no tendría los mismos intereses en juego que sus pares provinciales.

Mientras tanto, la tensión entre los poderes del Estado en Santa Fe sigue escalando. Y Pullaro, que llegó al gobierno con la promesa de ordenar las cuentas públicas y modernizar el Estado, se encuentra ahora en el centro de una pelea institucional que trasciende los límites de la provincia. Una pelea que, guste o no, va a definir quién manda en Santa Fe: el Ejecutivo electo o los jueces que nadie votó.