Pullaro y Javkin buscan convertir el puerto de Rosario en hub minero al estilo Chile

El puerto de Rosario quiere subirse a la ola minera. El gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, y la Municipalidad de Rosario, con Pablo Javkin al frente, dejaron atrás las rispideces con Terminal Puerto Rosario (TPR) —concesionaria de dos terminales portuarias de la ciudad— para explorar en conjunto una oportunidad que podría redefinir el perfil exportador del principal puerto fluvial del país.

La apuesta es concreta: sumarle al puerto un perfil de exportación minera, actividad que en Argentina se proyecta como uno de los grandes motores económicos de los próximos años. El modelo a seguir es el chileno, donde los puertos del Pacífico se convirtieron en piezas clave de la cadena de valor del cobre, el litio y otros minerales estratégicos que hoy mueven miles de millones de dólares anuales.

La iniciativa no es menor. Argentina tiene reservas probadas de litio, cobre, oro y plata entre las más importantes del mundo, y el gobierno de Javier Milei viene impulsando con fuerza la desregulación del sector para atraer inversiones. En ese contexto, la pregunta que se hacen en Rosario es lógica: ¿por qué los minerales argentinos tienen que salir por puertos chilenos o por el norte cuando el Gran Rosario concentra la mayor infraestructura portuaria fluvial del continente?

El corredor bioceánico y la conectividad con el NOA y Cuyo —regiones con alta concentración minera— ponen a Rosario en una posición geográfica privilegiada. Pero la infraestructura actual no está preparada para ese tipo de cargas. Los minerales requieren instalaciones específicas: playas de acopio, equipamiento de manipulación de sólidos a granel, y protocolos ambientales que hoy no existen en las terminales rosarinas.

Ahí es donde entra el modelo chileno como referencia. Puertos como Antofagasta, Mejillones o Coquimbo invirtieron durante décadas en infraestructura especializada para minerales y hoy son nodos globales de exportación. La diferencia es que Chile lo hizo con reglas claras, contratos de largo plazo y —hay que decirlo— con un Estado que no se metió a operar sino que generó las condiciones para que el sector privado invirtiera. Exactamente lo contrario de lo que Argentina hizo durante décadas con sus puertos.

El giro de Pullaro y Javkin hacia TPR también tiene una lectura política. Durante meses, la relación entre el gobierno provincial, la intendencia y la concesionaria estuvo tensionada por disputas tarifarias y de gestión. Que ahora estén sentados en la misma mesa para pensar en el futuro del puerto habla de una madurez institucional que, en la Argentina del eterno conflicto entre el Estado y el sector privado, no es un dato menor.

El desafío es enorme. Convertir a Rosario en un hub minero requiere inversiones millonarias en infraestructura, cambios regulatorios, y sobre todo, certeza jurídica para que las empresas del sector apuesten por esta salida al Atlántico. Pero si algo demostró el boom de la agroindustria en el Gran Rosario es que cuando la geografía, la infraestructura y las reglas del juego se alinean, los resultados pueden ser extraordinarios.

La pregunta que queda en el aire es si esta vez el Estado —provincial y municipal— va a tener la inteligencia de correrse del camino y dejar que el sector privado construya lo que el país necesita. O si, como tantas veces, va a terminar ahogando la oportunidad con burocracia, impuestos y regulaciones que espantan a los inversores antes de que pongan el primer ladrillo.

Con información de: La Capital