Eutanasia en Argentina: el proyecto del rosarino Paulón que reabre el debate

Argentina tiene una deuda pendiente con sus ciudadanos: la de debatir en serio qué significa morir con dignidad. Y ese debate, esquivo durante años en los pasillos del Congreso Nacional, volvió a la superficie con fuerza en 2026 de la mano de un legislador rosarino.

El diputado nacional Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, presentó un proyecto de ley que propone establecer un régimen de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida en el país. La iniciativa no es la primera en su tipo —hasta fines de 2025 ya existían cuatro proyectos con estado parlamentario— pero llega en un momento en que la sociedad argentina parece más dispuesta a dar la conversación.

"El proyecto busca abordar un aspecto que todavía no está cubierto por la legislación argentina, que es la posibilidad de dar capacidad de decidir libremente a las personas sobre cuándo y en qué condiciones terminar su vida en el marco de una enfermedad terminal, degenerativa, degradante, denigrante, incapacitante", explicó Paulón en diálogo con Rosario3.

El marco legal vigente en Argentina contempla dos herramientas: la ley 26.742 de muerte digna, sancionada en 2012, que permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida, y la ley 27.678 de Cuidados Paliativos. Pero ninguna de las dos habilita poner fin activamente a la vida del paciente. Es exactamente ese vacío el que Paulón busca llenar.

"La eutanasia viene a complementar estas dos leyes para que, quien ha pasado por distintos tratamientos y desee morir en determinadas circunstancias, evitando el sufrimiento y utilizando lo que hoy las tecnologías médicas brindan, pueda hacerlo", detalló el legislador.

Según el texto del proyecto, podrían acceder a la ley todas las personas mayores de 16 años —en línea con lo que establece el Código Civil y Comercial sobre capacidad progresiva— que cuenten con un diagnóstico de enfermedad crónica, degenerativa o incapacitante. La voluntad de morir deberá ser expresada de forma libre, voluntaria, consciente e informada, y el paciente deberá presentar una segunda opinión médica dentro de los 15 días de recibido el primer diagnóstico. Además, la decisión puede revocarse en cualquier momento.

El proyecto contempla dos modalidades distintas: la eutanasia propiamente dicha, realizada por un equipo médico, y la muerte voluntariamente asistida, que implica la entrega de un fármaco que el propio paciente puede autoadministrarse. En ambos casos, interviene una Comisión de Evaluación y Garantías que debe autorizar la práctica, y el procedimiento queda en manos de equipos interdisciplinarios que incluyen médicos clínicos, psicólogos, psiquiatras, especialistas en cuidados paliativos y en bioética.

El antecedente parlamentario más cercano incluye proyectos presentados por figuras de distintos espacios: Miguel Ángel Pichetto, Carolina Gaillard y Gabriela Estévez en Diputados, y la senadora Mariana Juri en el Senado. Ninguno logró el consenso suficiente para avanzar. La pregunta es si el de Paulón correrá la misma suerte o si el clima político y social de 2026 ofrece una ventana diferente.

El debate, en el fondo, excede lo legislativo. Toca fibras profundas: la autonomía individual, el rol del Estado en las decisiones más íntimas, la posición de la medicina frente al sufrimiento y las convicciones religiosas de una sociedad todavía mayoritariamente creyente. No hay respuesta única. Pero hay algo que sí está claro: la discusión ya no puede seguir esperando.