Santa Fe: el 70% de la comunidad LGTBIQ+ sufre discriminación al alquilar

Más del 70 por ciento de la comunidad LGTBIQ+ en Santa Fe sufrió discriminación al intentar alquilar una vivienda. El dato surge de un relevamiento presentado por el diputado provincial Carlos Del Frade que desnuda una crisis habitacional silenciada, con epicentro en Rosario, y que el legislador busca convertir en argumento concreto para impulsar un proyecto de ley en la Legislatura santafesina.

El informe procesó respuestas recolectadas de forma digital entre finales de junio y principios de julio de 2026. El 72,4 por ciento de los encuestados vive en Rosario, y el grupo etario más representado es el de 30 a 39 años, con un 36,8 por ciento. Pero el dato que más interpela es el que refiere al colectivo travesti-trans: representa el 81 por ciento de los testimonios, lo que convierte a este sector en el más afectado dentro de una comunidad que ya de por sí enfrenta barreras estructurales para acceder a una vivienda digna.

El mercado inmobiliario privado aparece como el principal escenario de exclusión. El 70,7 por ciento de la muestra declaró haber sufrido discriminación al intentar alquilar o realizar trámites vinculados a la vivienda. Los relatos recogidos describen un patrón que va desde el trato hostil y el cobro de sobreprecios hasta la cancelación abrupta de acuerdos de alquiler una vez que la inmobiliaria o el propietario conoce personalmente a la persona. A eso se suma la exigencia de garantías económicas desproporcionadas que ignoran la realidad del trabajo informal, predominante en este colectivo.

"Muchos chicos y chicas trans terminan viviendo en la calle, en una situación realmente muy dolorosa. Es un sector muy vulnerable que imperiosamente necesita una respuesta del Estado", afirmó Del Frade, quien lleva años impulsando legislación específica para este colectivo sin éxito en la Cámara provincial.

Los números de la precariedad son contundentes: apenas dos personas del total encuestado afirmaron tener vivienda propia. Catorce viven en casas prestadas, siete se encuentran en situación de calle y cinco residen en pensiones u hogares. El 44,8 por ciento atraviesa situaciones de inestabilidad o precariedad habitacional alta. Un detalle que revela el desajuste de las políticas públicas históricas: 30 de los encuestados viven solos, lo que evidencia que los programas estatales diseñados en torno al concepto de "grupo familiar" excluyen de manera indirecta a estas realidades.

El Estado tampoco aparece como una salida accesible. Cuarenta personas expresaron intención de inscribirse en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda pero nunca lo intentaron, anticipando complicaciones administrativas. El desaliento burocrático es, en sí mismo, una forma de exclusión.

Del Frade, legislador por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS), explicó la lógica detrás del relevamiento: "Venimos trabajando hace varios años con el colectivo LGBT con un proyecto de ley de cupo de viviendas para la comunidad, pero como nunca se trata porque cada vez los sectores gobernantes se ponen más a la derecha, decidimos empezar al revés: generar conciencia sobre la situación de vivienda de la comunidad". El proyecto fue presentado tres veces en la Legislatura provincial sin llegar a tratarse.

El informe fue elaborado junto a Ana Laura Pinto, quien diseñó y procesó la encuesta. La propuesta legislativa que busca sustentar contempla cupos de adjudicación en viviendas sociales y líneas de crédito que contemplen la trayectoria existencial de cada persona trans, reconociendo que el 90 por ciento de los casos presenta ingresos precarios que los dejan fuera de los sistemas crediticios convencionales. En una provincia que lleva años discutiendo la reforma del sistema habitacional, este informe pone sobre la mesa una deuda que la política santafesina todavía no saldó.