Rutas nacionales de Santa Fe: más del 53% está en mal estado tras 34 muertes

El deterioro de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe ya no es solo una postal del abandono estatal, sino una amenaza cotidiana para miles de conductores. Los números son contundentes: en los primeros cuatro meses de 2026, los siniestros viales en estos corredores ya provocaron 34 muertes, una cifra que expone la gravedad de la situación.

El último informe técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) confirma lo que cualquier santafesino que maneja por estas rutas ya sabe: más del 53% de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales que cruzan la provincia está en estado "malo". Es decir, más de 1.431 kilómetros de asfalto en condiciones que ponen en riesgo la vida de quienes circulan diariamente.

Esta realidad golpea especialmente a Rosario y su región, donde convergen las principales arterias del país. La Ruta Nacional 9, que conecta la ciudad con Buenos Aires, y la Ruta Nacional 11, que une el norte provincial con el sur, presentan tramos críticos que obligan a los conductores a sortear pozos, ondulaciones y deterioros que convierten cada viaje en una ruleta rusa.

El abandono sistemático de la infraestructura vial nacional no es casualidad. Durante décadas, los gobiernos peronistas priorizaron el gasto político por sobre la inversión productiva, destinando recursos a planes sociales y subsidios en lugar de mantener las rutas que mueven la economía del país. Ahora, el costo de esa desidia se paga con vidas humanas.

La situación es particularmente grave en los accesos a puertos y terminales del Gran Rosario, donde el tránsito pesado agrava el deterioro de rutas ya castigadas. Los camiones que transportan la producción agropecuaria argentina deben navegar por un laberinto de baches y deformaciones que no solo ponen en riesgo la carga, sino la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Mientras tanto, la presión impositiva sobre combustibles y transporte sigue siendo asfixiante, con impuestos que deberían destinarse al mantenimiento vial pero que históricamente se desviaron hacia otros fines. El resultado es un círculo vicioso: se recauda mucho, se invierte poco y se deteriora todo.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional viene alertando sobre esta situación desde hace años, pero sus reclamos cayeron en oídos sordos de una clase política más preocupada por mantener sus privilegios que por garantizar rutas seguras. Ahora, con 34 familias enlutadas en lo que va del año, la urgencia de una solución integral se vuelve impostergable.