Reforma electoral, seguridad y educación: la agenda clave de la Legislatura de Santa Fe
Tras el receso invernal y la pausa del Mundial 2026, la Legislatura santafesina retoma su agenda con tres frentes calientes: la unificación del código electoral antes de 2027, un polémico paquete de seguridad que ya generó rechazo del Colegio de Abogados, y el primer paso hacia una Ley de Educación provincial que Santa Fe todavía no tiene.
La Legislatura de Santa Fe vuelve a la cancha con una agenda que no da respiro. Superado el receso invernal y la pausa del Mundial 2026, el cuerpo legislativo enfrenta su tramo final con tres debates que definirán el perfil institucional de la provincia de cara a los comicios de 2027: reforma electoral, seguridad pública y educación.
El 144° período legislativo ya tiene logros en el debe: la nueva Ley Orgánica de Municipios, la creación del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo y la Ficha Limpia para Contrataciones Públicas fueron aprobadas en la primera mitad del año. Pero lo que viene no es menor. Y el reloj corre.
Seis proyectos, un solo código electoral
A menos de un año de las elecciones provinciales, la Legislatura tiene sobre la mesa seis proyectos de reforma electoral que buscan unificar en un solo código una normativa hoy dispersa en más de quince leyes y decretos. El diagnóstico es compartido; las soluciones, no tanto.
La Unión Cívica Radical propone reducir las cinco boletas actuales a dos —una para cargos provinciales y otra para municipales— y fijar un piso del 5% del padrón para acceder al reparto de bancas. El Partido Socialista defiende el esquema actual de cinco boletas separadas y un umbral más bajo, del 3%. El peronismo, fiel a su estilo, presentó dos proyectos: uno en el Senado con piso del 5% y otro en Diputados con un umbral del 3,5%, ambos manteniendo las PASO y el sistema de cinco boletas. El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) directamente propone eliminar los pisos mínimos y reforzar los controles sobre el financiamiento de campañas. Cierra el cuadro el partido UNO, también oficialista, con una iniciativa para adecuar la normativa a la nueva Constitución provincial.
Un dato que distingue a Santa Fe del debate nacional: hay consenso en mantener las PASO como mecanismo obligatorio. Tanto la UCR como el peronismo coinciden en ese punto, incluso para agrupaciones que presenten una única lista. El oficialismo pretende cerrar la discusión durante agosto, aunque la exigencia de mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara para aprobar normas electorales eleva considerablemente la vara del acuerdo político.
El paquete de seguridad que divide aguas
En mayo, el Poder Ejecutivo ingresó por Cámara de Diputados dos mensajes de ley bajo el título «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública». El paquete propone una reforma profunda en materia procesal penal, facultades policiales, inteligencia criminal y régimen penitenciario.
Los puntos más polémicos son cuatro: la habilitación a las fuerzas policiales para interrogar detenidos sin abogado defensor presente; la ampliación de facultades para allanamientos sin control judicial previo en casos de portación ilegal de armas en la vía pública; la posibilidad de demoler búnkeres sin intervención judicial en situaciones excepcionales; y la incorporación de mayores capacidades para el ciberpatrullaje, incluyendo extracción de datos de dispositivos electrónicos y cuentas digitales.
El Colegio de Abogados de Santa Fe ya salió a rechazar el proyecto. La entidad expresó su «profunda preocupación» por disposiciones que consideró incompatibles con la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, y reclamó abrir un «debate serio, amplio y responsable». El debate en comisiones sigue abierto, y la presión de los sectores jurídicos no es menor.
El contexto no es menor: Rosario acumula años de violencia narco que convirtieron a la seguridad en el tema político más sensible de la provincia. Cualquier reforma en esta materia tiene impacto directo en la ciudad más castigada del país por el crimen organizado.
Santa Fe, la única provincia sin Ley de Educación
El tercer frente es histórico. Santa Fe es la única provincia argentina que no tiene una Ley de Educación propia. Ese vacío legal de décadas tuvo un primer movimiento concreto el 4 de junio, cuando la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que crea la Comisión Provincial para el Debate y Elaboración de una Ley de Educación Provincial.
La iniciativa contempla la realización de foros, audiencias, encuentros y espacios de debate en todo el territorio provincial, con participación de docentes, directivos y otros actores de la comunidad educativa. No es la ley en sí, sino el puntapié para construirla colectivamente. Un proceso largo, pero necesario para una provincia que hasta ahora rigió su sistema educativo sin un marco legal propio.
Tres debates, un mismo plazo. La Legislatura santafesina tiene hasta fin de año para mostrar que puede dar respuestas concretas en los temas que más le importan a los ciudadanos. El cronograma aprieta y la política deberá demostrar que es capaz de ponerse de acuerdo cuando lo que está en juego es el interés general.
Preguntas frecuentes
¿Santa Fe va a eliminar las PASO en 2027?
No. A diferencia del debate nacional, en Santa Fe hay consenso entre los principales partidos —UCR y peronismo— para mantener las PASO como mecanismo obligatorio de cara a las elecciones de 2027.
¿Por qué el Colegio de Abogados rechazó el proyecto de seguridad?
El Colegio de Abogados de Santa Fe expresó preocupación por disposiciones que consideró inconstitucionales, como permitir interrogar detenidos sin abogado presente o realizar allanamientos sin control judicial previo.
¿Santa Fe tiene Ley de Educación?
No. Santa Fe es la única provincia argentina sin una Ley de Educación propia. En junio de 2026, Diputados dio media sanción a un proyecto para crear una comisión que elabore esa ley con participación ciudadana.
¿Cuándo se votaría la reforma electoral en Santa Fe?
El oficialismo pretende resolver la discusión durante agosto de 2026, aunque necesita mayoría absoluta en ambas Cámaras para aprobar cualquier cambio en la normativa electoral.