Blando: las reformas de seguridad de Santa Fe son un retroceso democrático

El debate por las reformas en seguridad de Santa Fe se puso en el centro de la discusión cuando Oscar Blando calificó el proyecto como “peligroso desde el punto de vista democrático”.

El doctor en Derecho y profesor de Derecho Político, Constitucional y Electoral de la UNR cuestionó los mensajes que el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura como reformas en material procesal y de seguridad pública.

Para Blando, si el proyecto se aprueba en los términos en los que el oficialismo lo envió a la Legislatura, ocurrirían tres cosas: sería un gran retroceso en las formas y sobre las garantías constitucionales y democráticas.

El especialista sostuvo que el proyecto es innecesario porque, según dijo, la Legislatura ya le dio herramientas al Ejecutivo para combatir la delincuencia, el narcotráfico o el delito.

También advirtió que el proyecto afecta derechos y garantías constitucionales y que la discusión debía centrarse en el contenido, no en el lenguaje técnico o la redacción del proyecto.

Para el profesor, el objeto del mensaje es darle más poder y facultades a la policía, a los fiscales y al Servicio Penitenciario.

“Y cuando usted le da más facultades a determinados sectores, por ejemplo, a la policía, claramente lo que tiene que haber es un control judicial mucho mayor. Y acá hay aumento de facultades y menos control judicial”, sostuvo.

Blando apuntó contra los allanamientos sin orden judicial y las facultades para detener personas por dos días para averiguar su identidad y dijo: “es algo que retrotrae a la dictadura”.

También cuestionó las declaraciones informativas en sede policial sin un defensor. Según Blando, el defensor debe explicar al detenido que “no tiene obligación de declarar contra sí mismo” y que tiene derecho a no hablar, a no declarar y a conocer el procedimiento.

El Ministerio Público de la Defensa, según el especialista, ya había planteado esas objeciones durante el debate en comisiones de la Cámara de Diputados, no solamente los penalistas o especialistas en la materia.

“El tema de allanar sin orden judicial es una excepción. Ahora, hay tantas excepciones que se agregan, que parece ser la regla”, dijo Blando.

El docente sumó que la posibilidad de que los fiscales tomen medidas que no son privativas de la libertad, pero sí coercitivas, sin control judicial es “otro gran y grave error”.

Blando recordó que los allanamientos y las detenciones por averiguación de antecedentes o identidad “son de vieja data”. Para él, es “la institución señera y preferida de las dictaduras”, que siguieron con la democracia.

El letrado señaló que, en 1997, en Santa Fe, “se bajaron de 24 a 6 horas” las de la demora por averiguación.

También recordó que la reforma impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro apenas asumió, aprobada a principios de 2024, aumentó facultades porque “se agregó la resistencia a la autoridad”.

Con la nueva legislación, dijo, se establece la posibilidad de intervenciones en zonas especiales, que son “verdaderos estados de sitio de facto”, donde la policía puede detener por muchas más causales, hasta 48 horas sin orden judicial.

Ante la idea oficial de que serían medidas excepcionales para combatir el delito, Blando advirtió que “esta normativa va a aplicar para todos los santafesinos que vayan caminando por la calle, o estén transitando por un barrio determinado, o porque al policía no le gustó la cara”.

“Obviamente, las garantías constitucionales son universales, son para todos”, remarcó el profesor de la UNR.

La crítica de Blando pone en el centro la tensión entre ampliar facultades y mantener el control judicial sobre la seguridad pública en Santa Fe.