Removieron e inhabilitaron 10 años a fiscal de Santa Fe por fraude y maltrato

La Asamblea Legislativa de Santa Fe removió este jueves al fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Primera Circunscripción Judicial, Diego Gustavo Rodríguez y Barros, por mal desempeño de sus funciones. La sanción no se limitó a la destitución: el organismo también lo inhabilitó para volver a integrar el MPA durante 10 años.

La decisión se adoptó en una sesión conjunta de ambas cámaras, tras analizar el dictamen de la Comisión de Acuerdos de la Honorable Asamblea Legislativa. El senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, informó que la comisión había aconsejado por unanimidad tanto la remoción como la inhabilitación por una década. El dictamen fue aprobado con la abstención de cuatro legisladores: los diputados Palo Oliver, Claudia Balagué, Carlos Del Frade y Lionela Cattalini.

El origen del proceso disciplinario resulta, cuanto menos, llamativo. Todo comenzó con una denuncia presentada por el propio fiscal ante la policía, en la que afirmaba haber sido víctima del robo de los neumáticos de su vehículo. La hipótesis que tomó fuerza durante la investigación interna fue que el hecho podría haber sido simulado para cobrar la reposición a la aseguradora. El MPA realizó una consulta de oficio a la compañía de seguros, que respondió que el caso presentaba indicios de irregularidad. Las actuaciones quedaron a cargo del auditor del organismo, Leandro Mai, quien luego las remitió a la Legislatura.

Pero el expediente no se agotó ahí. Al proceso se sumaron denuncias de trabajadores de la fiscalía de San Jorge —ciudad ubicada en el departamento 9 de Julio, a unos 150 kilómetros de Rosario— por presuntos malos tratos atribuidos al fiscal. Esas presentaciones fueron analizadas en conjunto con las actuaciones vinculadas al supuesto fraude, configurando un cuadro de mal desempeño que la Asamblea consideró suficiente para la remoción.

Rodríguez y Barros salió a defenderse públicamente. En diálogo con medios regionales, sostuvo que fue víctima real del robo, que realizó la denuncia policial correspondiente y la presentación ante la aseguradora, y cuestionó que durante la investigación no se hayan tomado medidas básicas como inspecciones, fotografías o relevamiento de cámaras de seguridad. Además, negó haber cometido delito o falta disciplinaria y destacó que cuenta con 34 años de trayectoria en el Ministerio Público sin antecedentes disciplinarios previos.

El caso pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién controla a quienes deben controlar? El MPA es el organismo encargado de llevar adelante la acusación penal en Santa Fe, y sus fiscales tienen en sus manos decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. Que uno de ellos termine removido por sospechas de fraude a una aseguradora y maltrato a sus propios empleados no es un dato menor. La credibilidad del sistema judicial depende, en buena medida, de que quienes lo integran estén a la altura de las funciones que el Estado —y los contribuyentes— les confían.

La Primera Circunscripción Judicial de Santa Fe abarca los departamentos del sur de la provincia, incluyendo Rosario, y es la de mayor volumen de causas penales del territorio santafesino. La vacante que deja Rodríguez y Barros deberá ser cubierta a través del proceso de selección y acuerdo legislativo que establece la normativa provincial.